Un detenido y nueve víctimas liberadas tras una operación contra la trata con fines de explotación sexual en Salamanca

La Guardia Civil de Salamanca, en colaboración con la Policía Judiciaria de Portugal, en el marco de la denominada operación ‘Irala’, ha liberado a nueve víctimas de explotación sexual y ha detenido a un varón de nacionalidad lusa en la salmantina localidad de Fuentes de Oñoro. Investiga también a varios miembros del mismo grupo criminal, que se encontraban fuera de España, como presuntos autores del delito de trata de seres humanos.

Según ha informado este miércoles la Guardia Civil, la investigación se inició en el marco de la directiva europea de lucha contra la trata de seres humanos y en base a las inspecciones rutinarias ejecutadas en establecimientos públicos donde se ejerce la prostitución para la información necesaria de este caso. La forma de operar de este grupo consistía en captar mujeres en países sudamericanos, especialmente Paraguay, desde donde eran trasladadas a España con falsas promesas de trabajo.

Estas mujeres, vulnerables por su situación económica, no podían costearse el viaje a España por lo que el grupo criminal les facilitaba los billetes y los trámites necesarios para ello. Una vez en España eran informadas de la deuda contraída con la organización, que a menudo superaba los los 3.000 euros en concepto de gestiones para su traslado, se apropiaban de sus pasaportes y creaban una “dependencia total” con sus captores.

Las víctimas, ante la deuda económica contraída, estaban en un régimen de “vigilancia permanente”, siendo incluso acompañadas por alguien de la organización cuando salían a adquirir alimentos u otros productos de necesidad.

Durante la ejecución de las entradas y registros, en un local y un domicilio ubicados en el término municipal de la mencionada localidad, la Guardia Civil localizó un club de alterne clandestino en fase de construcción, ubicado en el sótano de la vivienda del detenido. Los presuntos autores del acto criminal habían excavado un túnel de unos 60 metros para facilitar el acceso de los posibles clientes desde una parcela colindante a dicha vivienda como medida de seguridad para dificultar la acción policial.

Fuente: Ical