La oficina antiokupa de Soria no ha recibido ninguna llamada en su primer mes y medio de vida

La oficina antiokupa de Soria ha vivido esta mañana su puesta de largo en la Cámara de la Propiedad Urbana. A pesar de llevar en funcionamiento desde el pasado 19 de mayo, hoy ha sido la fecha señalada para que la directora general de Vivienda de la Junta, María Pardo, y la delegada provincial, Yolanda de Gregorio, pusiera de manifiesto en qué consiste este nuevo servicio.

En ese sentido, ambas han recalcado que el objetivo de esta es “mantener el respeto por la propiedad privada”, señalando que es un reto difícil, “ya que la legislación vigente pone en solfa a los más vulnerables”. Por ello, las representantes autonómicas han hecho hincapié en que es necesario que las Comunidades reaccionen para frenar esta tendencia.

Para lograrlo, han lanzado estas oficinas en las que van a dar información para prevenir dichas situaciones o para dar consejos una vez haya ocurrido. Al mismo tiempo, desde ellas se asesorará gratuitamente a las personas perjudicadas, ayudándoles a poner lo sucedido en conocimiento de las fuerzas de seguridad: “Los propietarios que tengan viviendas que quieran alquilar deben de poder ir al mercado con seguridad. Esto se va a solucionar si encontramos el apoyo de los particulares”.

Con todo ello, los interesados pueden consultar la información necesaria en el Portal Web de la Junta de Castilla y León y en el servicio de Atención al Ciudadano 012, desde donde se derivan ya las consultas a las sedes de las Cámaras de la Propiedad de Valladolid y del resto de provincias de la Comunidad.

Contexto actual en Castilla y León

De esa forma, tras mes y medio de funcionamiento, María Pardo ha analizado los primeros datos obtenidos. En esa dirección, ha informado de que las oficinas han recibido una media de 20 llamadas por provincia (en Soria no se ha dado ninguna), mientras que se han llevado a cabo 800 consultas a través de la página web, “siendo en muchos casos preguntas preventivas”.

“La ocupación por ahora no es un problema grave en Castilla y León. No queremos llegar a la situación de Barcelona y vamos a hacer todo lo posible para alertar a aquellos que han convertido esto en una práctica profesional”, ha concluido la directora general de Vivienda.