Castilla y León también pide al Gobierno que "extienda y mejore" las ayudas al funcionamiento

La Red de Áreas Escasamente Pobladas del Sur de Europa (Red SSPA), participada por las confederaciones de empresarios de Soria, Cuenca y Teruel, ha presentado esta mañana un informe en el que se analiza el impacto económico de las ayudas de funcionamiento en vigor, así como los potenciales efectos de las ayudas en su máxima intensidad.

Como datos principales el estudio estima que llevando esta medida al máximo autorizado por la Unión Europea se pasaría de incrementar en las tres provincias el PIB de un 0,19 % con las ayudas actualmente vigentes (Ley 31/2023), a hacerlo en un 6,79 %. En cuanto al empleo, un aspecto fundamental para fijar población, se pasaría de incrementar el empleo de un 0,17 % con las ayudas iniciadas a 1 de enero de 2023 a hacerlo en un 6,35 % en su cuantía máxima.

Carlos Fernández Carriedo, portavoz de la Junta de Castilla y León, asegura que la institución autonómica "coincide" con la demanda que se plantea al Gobierno de España de "seguir extendiendo estas ayudas". Considera Carriedo que "deben ser mejoradas" para producir los efectos que buscan.

Carriedo ha evitado manifestarse respecto a posibles acciones en este mismo sentido dentro del ámbito competencial de la Junta. Ha insistido en igualar la situación de la provincia de Soria con la de todo el mundo rural, pues ha preferido generalizar al señalar que "la Junta mantiene una clara apuesta por una fiscalidad más ventajosa con el mundo rural y Soria saldrá beneficiada específicamente de este hecho".