158 ayuntamientos de la provincia de Soria, el 86,3%, han rendido la cuenta del ejercicio 2021

El 86,3% de los ayuntamientos de la provincia de Soria, 158 de un total de 183, han cumplido hasta la fecha con la obligación de rendir las cuentas del ejercicio 2021 ante el Consejo de Cuentas de Castilla y León, el órgano de control que realiza la fiscalización externa de las entidades locales del ámbito territorial de la Comunidad, así como de las entidades del sector público que lo integran.

Con dicho porcentaje, Soria ocupa el sexto lugar del ranking provincial en cuanto a la rendición de los municipios. Con relación a las entidades locales menores de esta provincia, han rendido las cuentas en la actualidad 51 de las 55 existentes, el 92,7%, el segundo mejor porcentaje. Las pedanías tienen una presencia significativa en 3 provincias: fundamentalmente en León, donde se concentran más de la mitad de las existentes en la Comunidad (55,5%) y, en menor medida, en Burgos (29,2%) y Palencia (10,1%), mientras que en el resto de las provincias son minoritarias (5,2% restante).

El sector público de la provincia de Soria está integrado por 183 municipios, la diputación, 19 mancomunidades y otras entidades asociativas y 55 entidades locales menores, un total de 258 entidades (5,4% sobre el total): 4.748. A mayores, la provincia cuenta con 7 entidades dependientes y adscritas, el 3,9% del total: 2 organismos autónomos, 1 sociedad mercantil, 1 consorcios, 2 fundaciones y una asociación.

A nivel general, el 87,3% de los ayuntamientos de Castilla y León, 1.963 de los 2.248 totales, han rendido hasta la fecha la cuenta correspondiente al ejercicio 2021, en una horquilla que oscila entre el 81,3% de la provincia de Segovia y el 92% de la de Salamanca. La Comunidad continúa presentando valores superiores a la media nacional (65%) si se comparan los niveles de rendición de los ayuntamientos por comunidades autónomas, aunque sigue a distancia de los mejores resultados. En este sentido, la adopción de medidas ya implementadas por algunas comunidades autónomas, entre ellas Castilla y León, que vinculan la concesión o el pago de subvenciones al cumplimiento de esta obligación, contribuye a incrementar la rendición, tal como ha recomendado el Consejo de Cuentas en sus informes reiteradamente.

El Consejo de Cuentas ha aprobado y entregado al Parlamento autonómico el informe anual sobre las cuentas del sector público local en 2021, que verifica el cumplimiento por parte de las entidades locales de la obligación de rendir la cuenta general y comprobar que se ajusta a la normativa respecto a forma y contenido, así como su coherencia interna, entre otras cuestiones.

Sin perjuicio del grado actual de rendición, el informe está referido a los datos dentro del plazo tope legalmente establecido para que las entidades locales aporten sus cuentas (31 de octubre de 2022). El sector público de la Comunidad está integrado por 4.748 entidades locales (2.248 ayuntamientos, 9 diputaciones, 1 Consejo Comarcal, 276 mancomunidades y otras entidades asociativas y 2.214 entidades locales menores), además de 178 entes dependientes y adscritas a las entidades locales, y al cierre del citado plazo 2.764 entidades locales habían rendido la cuenta general de 2021, el 58,2% del total. Con relación a 2020 se produjo una mejora de 0,3 puntos porcentuales.

Por tipo de entidad, los mejores niveles de rendición en plazo legal correspondieron a los ayuntamientos (69,5%), si bien registraron una disminución interanual de 0,3 puntos. A continuación, las diputaciones, con un 66,7%, pasando de 7 a 6 las que cumplieron con esta obligación. El nivel de rendición de las mancomunidades alcanzó el 51,4%, mejorando 2 puntos y las entidades locales menores (47,6%) también incrementaron su índice en 0,7 puntos.

Las entidades locales que no rindieron cuentas en el plazo legal, un total de 1.984, se desglosan en 686 ayuntamientos (entre ellos, dos con población superior a 50.000 habitantes, Segovia y Ponferrada); 3 diputaciones (Ávila, Salamanca y Zamora); el Consejo Comarcal de El Bierzo, 134 mancomunidades y 1.160 entidades locales menores.

. Los ayuntamientos entre 20.000 y 50.000 habitantes que no aportaron sus estados contables en plazo fueron los de Aranda de Duero y Medina del Campo; los de entre 5.000 y 19.999 que tampoco cumplieron fueron los de Arenas de San Pedro, Candeleda, Briviesca, Medina de Pomar, Astorga, Bembibre, Villaquilambre, Villares de la Reina y Tordesillas.

Los niveles de rendición en plazo de los ayuntamientos por provincias reflejan, en la comparativa 2020-2021 incrementos en 4 de las 9, siendo el más significativo el registrado en Valladolid, con 12 puntos, pasando del 60,9% al 72,9%. Destacando también los incrementos registrados en las provincias de Segovia, Ávila y Soria (7,7; 2,8 y 1,6 puntos, respectivamente).

En referencia a los incumplimientos, en el periodo 2016-2021 un 14,2% de las 4.748 entidades no había rendido las cuentas de tres o más ejercicios. Este índice de incumplimiento afecta a 187 ayuntamientos, es decir, un 8,3%, que, sin embargo, no representan índices significativos en cuanto a la población afectada. En el estadio más elevado de incumplimiento se sitúan 18 ayuntamientos de la Comunidad que no rindieron sus cuentas en 10 u 11 ejercicios del periodo 2011-2021.

Ciclo presupuestario. El informe señala que entre las entidades locales se produjo un incumplimiento elevado del plazo de aprobación del presupuesto del ejercicio 2021, con 1.885 entidades, el 68,2% de las que han rendido cuentas, que lo hicieron con posterioridad al plazo legal establecido (31 de diciembre de 2020). Incumplimiento que también afecta a la aprobación de la liquidación del presupuesto, pero en mucha menor medida, pues en este caso fueron 601 las entidades que rebasaron el plazo legal, el 21,7% de las que rindieron la cuenta general. Con relación con el ejercicio anterior, se produjo un descenso en el cumplimiento de los plazos de la fase de aprobación del presupuesto, de 3,8 puntos, y un ligero aumento de 0,3 puntos en la fase de liquidación.

Análisis de las cuentas. Entre las 1.165 cuentas generales del ejercicio 2021 que fueron objeto de revisión por el Consejo, inicialmente 694 se presentaron completas y sin incidencias, mientras que las otras 471 contenían incidencias de diversa índole. Tras el proceso de subsanación por las entidades correspondientes, el total de cuentas sin incidencias pasó a ser de 710, esto es, el 60,9% de las revisadas.

En cuanto a la naturaleza de las incidencias, un 42,6% fueron de carácter formal, relacionadas con el incumplimiento de plazos o trámites del ciclo presupuestario y contable. El resto, definidas como sustanciales, representan el 57,4% y tuvieron que ver con la coherencia e integridad de la información.

Magnitudes presupuestarias y económico-financieras. En la liquidación presupuestaria, las 2.764 entidades locales que rindieron cuentas reconocieron gastos por importe total de 2.765,5 millones de euros, e ingresos por importe de 2.907,9 millones, con un resultado presupuestario agregado de 151,4 millones. El resultado presenta una evolución positiva en el periodo 2018-2021, con un aumento del 4%. El 60,6% de las entidades locales liquidó con resultado positivo, porcentaje que alcanza el 61,5% en los ayuntamientos.

Los municipios gestionan el 77% del total de los recursos y gastos de todas las entidades locales. La mayor parte corresponde a los ayuntamientos mayores de 50.000 habitantes, que alcanza alrededor del 39%. Por su parte, las diputaciones reconocieron ingresos y gastos por importes que representan el 19,8% y 20,5% respectivamente. En cuanto al remanente de tesorería para gastos generales, en el 99,2% de las entidades locales resultó positivo, alcanzando el importe agregado un total de 1.274,7 millones de euros. En el periodo 2018-2021 el remanente presenta una trayectoria creciente en todos los ejercicios, con un incremento global del 23 %.

Asimismo, los fondos líquidos de tesorería (disponibilidad de efectivo en las entidades bancarias) experimentan un crecimiento notable, del 31,7%, hasta alcanzar los 1.552,8 millones. El 67,6% corresponde a los ayuntamientos y el 25,1% a las diputaciones. En cuanto al pasivo financiero, el importe de la deuda viva de las entidades locales sumaba al cierre de 2021 un total de 765,9 millones de euros, con un incremento interanual de 31,7 millones. De dicho importe corresponde a los ayuntamientos mayores de 50.000 habitantes el 65,2% y a las diputaciones el 12,9%. La evolución del endeudamiento financiero entre los ejercicios 2018 y 2021 muestra una tendencia decreciente hasta el último año, en el que se produjo un leve aumento, registrando una disminución global del 9,4% durante el periodo.

Contratación administrativa. Las entidades locales tienen la obligación de remitir al Consejo de Cuentas la relación anual de los expedientes formalizados o, en su caso, una certificación negativa. Un total de 1.667 entidades locales (el 35,1%) remitió la información contractual de 2021 dentro del plazo legal (hasta el 28 de febrero de 2022), cifra que se incrementa hasta 2.395 entidades (50,4%) a final de año. Dichos resultados representan un descenso respecto del anterior ejercicio. Los entes del sector público local comunicaron información acerca de 50.991 contratos con un importe de adjudicación de 640,6 millones de euros formalizados en 2021.

Recomendaciones. El Consejo de Cuentas considera que mantienen su vigencia las recomendaciones recogidas en las dos declaraciones suscritas por el Tribunal de Cuentas y los órganos de control externo autonómicos en 2017.

En la “Declaración sobre las medidas para estimular la rendición de cuentas de las Entidades Locales” se propone promover la cobertura de los puestos de trabajo reservados a funcionarios de la Administración local con habilitación de carácter nacional; reforzar los medios de las intervenciones locales; fortalecer la asistencia a los municipios; actualizar la regulación de las multas coercitivas en caso de incumplimiento de la obligación de rendir cuentas o de falta de colaboración; o llevar a cabo las reformas normativas para condicionar la percepción de subvenciones, ayudas o transferencias de otras Administraciones públicas, a la efectiva rendición de cuentas.

En la “Declaración sobre las modificaciones legales para promover la reducción de los plazos de rendición de las cuentas del Sector Público”, se insta a adoptar las medidas legales oportunas para establecer como fecha límite para la rendición de cuentas, la del 30 de junio del ejercicio siguiente al que las mismas se refieran.

Sin perjuicio de dichas Declaraciones, el Consejo insiste en otras tres recomendaciones. Las entidades locales deben incrementar sus esfuerzos para ajustar sus actuaciones a los plazos contemplados en la normativa respecto al ciclo presupuestario y contable, con especial atención a la aprobación de los presupuestos. Asimismo, la cuenta general debe ajustarse a lo dispuesto en la normativa, siendo especialmente recomendable la utilización del validador externo de la Plataforma de Rendición de Cuentas. Finalmente, las entidades locales deben remitir anualmente al Consejo información sobre su actividad contractual y sobre los convenios celebrados.