El Consejo de Cuentas de Castilla y León insta a completar la ordenación del territorio en el ámbito rural

El presidente del Consejo de Cuentas de Castilla y León, Mario Amilivia, compareció esta tarde en la Comisión de Economía y Hacienda del Parlamento autonómico para presentar el informe de análisis de los efectos de la Ley 7/2013 de Ordenación de Servicios y Gobierno del Territorio de Castilla y León en la prestación de servicios por las entidades locales. El otro informe incluido en el orden del día para su presentación -la fiscalización de la estrategia para el cambio climático 2009-2020, de Castilla y León- quedó sobre la mesa para ser presentado en una próxima sesión.

La fiscalización sobre los efectos de la nueva ordenación del territorio es carácter operativo, orientada a plantear recomendaciones para la mejora de los servicios de las administraciones públicas, es decir, la eficiencia en la gestión.

Este tipo de trabajos obedecen al objetivo del Plan Estratégico del Consejo de Cuentas de acercar las fiscalizaciones a las inquietudes sociales al posibilitar actuaciones que permitan constatar los principios de economía, eficiencia y eficacia en la ejecución de determinadas políticas públicas y así proponer recomendaciones de mejora.

Amilivia subrayó la recomendación del Consejo de Cuentas dirigida a las Cortes de Castilla y León en el sentido de que estas deberían concluir la ordenación del territorio en el ámbito rural con la aprobación de la ley que incluya el mapa de las unidades básicas de ordenación y servicios del territorio (UBOST) rurales, que es condición necesaria para avanzar en la implantación de las medidas previstas en la Ley 7/2013 de Ordenación de Servicios y Gobierno del Territorio en la prestación de servicios por las entidades locales, la LORSERGO. Así, esta auditoría ha comprobado la eficacia de las actuaciones para potenciar fórmulas de gobierno y administración local más eficientes, especialmente las de carácter asociativo voluntario.

La ley para la nueva ordenación del territorio define dos ámbitos geográficos de nuevo cuño: las UBOST y las áreas funcionales, cuya delimitación deberá establecerse en un mapa de ordenación territorial para cuya aprobación -mediante ley- se precisa el apoyo de dos tercios del Parlamento autonómico. A la constatación de que el mapa de las UBOST no está aprobado se suma un modelo de ordenación territorial en el que solo se encuentran definidas las áreas funcionales estables en el ámbito urbano (Ávila, Burgos, Aranda de Duero, Miranda de Ebro, León, Ponferrada, Palencia, Salamanca, Segovia, Soria, Valladolid, Medina del Campo, Zamora y Benavente), mientras que la ordenación en el ámbito rural sigue pendiente de concluir, lo que condiciona sustancialmente el grado de eficacia de la nueva política de ordenación instaurada por la LORSERGO.

Desde la entrada en vigor de esta ley, se han aprobado dos leyes de atribución expresa de competencias a las entidades locales: en 2018 la Ley de transporte público de viajeros por carretera, y en 2019 la Ley de Actividad Físico-Deportiva.

También, Amilivia apuntó que no se ha constituido ninguna mancomunidad de interés general (MIG) rural al no estar aprobado el mapa de las UBOST rurales. En cuanto a las MIG urbanas, se encuentran declaradas desde 2020 cinco: “Valladolid y Alfoz”, “Benavente y alfoz”, “Medina del Campo y alfoz”, “Zamora y Alfoz” y “León y alfoz”. De estas, informó, sólo la Mancomunidad “Valladolid y Alfoz” ha adoptado acuerdos para el desarrollo de sus competencias.

A la vista de todo ello, el Consejo de Cuentas recomienda también que la Consejería de la Presidencia de la Junta debería impulsar las medidas tendentes a reorganizar las actuales mancomunidades ordinarias, mediante su disolución o transformación en mancomunidades de interés general, asumiendo estas últimas las competencias municipales que con anterioridad desarrollaban las mancomunidades preexistentes. Asimismo, debería adoptar las medidas de coordinación interadministrativa y eficiencia de los servicios, en el desarrollo de competencias propias previstas en la LORSERGO.

En cuanto a las 5 mancomunidades de interés general existentes en la Comunidad y sus municipios asociados, estas deben adoptar los acuerdos previstos en sus estatutos dirigidos a dar efectividad sus competencias y funciones. En este sentido, Amilivia concretó que la Mancomunidad de Interés General Urbana “Valladolid y Alfoz” acordó asumir, en una reciente asamblea, las competencias de servicios públicos básicos relacionados con el medio ambiente, Limpieza y Parques y Jardines, y Recogida de Residuos. Finalmente, significó que la Junta debería completar el desarrollo reglamentario de la LORSERGO.

Programación de trabajos del Consejo de Cuentas. Tras la comparecencia de hoy, quedan únicamente dos informes de 2022 pendientes de ser presentados ante esta Comisión. En lo que va de año se han aprobado cinco nuevas fiscalizaciones, por lo que en estos momentos los informes pendientes de comparecencia son únicamente siete.

En cuanto al estado del resto de las actuaciones, 15 fiscalizaciones correspondientes al Plan Anual 2022 se encuentran en su última fase de elaboración, estando prevista su aprobación, en la mayoría de los casos, antes de finalizar el presente ejercicio. En este sentido,

Amilivia adelantó que mañana mismo se reúne el Pleno del Consejo de Cuentas para la aprobación de los informes correspondientes a la seguridad informática del Ayuntamiento de Valladolid y de la fiscalización financiera de la Gerencia Regional de Salud, con especial referencia a los pagos del Hospital Universitario de Burgos.

Por otro lado, progresivamente se van acometiendo las actuaciones de 28 informes del Plan 2023. En suma, 49 informes en diferentes momentos de tramitación conforman la actividad presente de esta institución.

Así, hasta la fecha, durante el presente mandato Amilivia ha comparecido en esta Comisión de Economía y Hacienda en 42 ocasiones, con un total de 113 auditorías, lo que representa ya el 42% de toda la serie de histórica.