Así funcionaba la organización criminal que explotaba a temporeros en San Esteban
Las víctimas han sido 45 trabajadores, procedentes de Bulgaria o Marruecos, que pagaban cantidades desorbitadas a una organización criminal por la vivienda y por los alimentos, quedándose sin apenas dinero.
La Guardia Civil de Soria, encabezada por el teniente coronel de la Comandancia de Soria, Sergio Peñarroya, y el subdelegado, Miguel Latorre, han presentado esta mañana las claves de ‘Maschatasha’. Esta operación, desarrollada en el entrono de San Esteban y de Burgos, vinculada con la trata de seres humanos y con la esclavitud, lleva por el momento seis detenidos y cuatro investigados.
En el lado contrario, 45 personas búlgaras, marroquíes y subsaharianas han sido víctimas de un engaño en el que se les animaba a venir a trabajar a España a pequeñas fincas agrícolas (si no podían costearse el viaje, se lo pagaban, cobrándoles enormes comisiones), para luego cobrarles unos precios abusivos en vivienda y alimentación -ninguno de ellos tenía contrato laboral ni estaba dado de alta en la Seguridad Social-. Claro ejemplo de ello, es el de una pareja que laboró 40 días. Estos consiguieron regresar a su país, costeándose los billetes, con 10 euros en metálico y con una deuda con la organización de 900.
Los sueldos de estos trabajadores solían ser de 14/15 euros la hora. No obstante, los estafadores se quedaban 7 euros de comisión. De esa forma, con la mitad del dinero tenían que hacer frente al alquiler de la vivienda (se llegaban a pagar 100 euros por un colchón compartido con otra persona a la que no conocían, pudiendo habitar en una casa 17 personas) y a los gastos básicos para vivir.
Hechos
La operación comenzó el 6 de julio con una llamada desde Olmillos por la disputa entre el propietario de una vivienda y las personas que vivían en ella. Según fuentes policiales, la disputa radicaba en los pagos entre ambas partes. En ella, los arrendatarios recalcaban que habían dado unas cantidades económicas por trabajar allí, aludiendo que se les había engañado y que se les tenía que devolver el dinero. Mientras, el propietario recalcaba que los únicos contratos que existían eran verbales. Con todo ello, en esta actuación la Guardia Civil descubrió a 8 extranjeros irregulares con expediente de expulsión.
Al día siguiente, este cuerpo tuvo que intervenir en una vivienda de El Burgo de Osma por una alteración de orden público por parte de unos vecinos búlgaros que estaban discutiendo por temas económicos. “Nos encontramos con trabajadores que estaban en conflicto con otros señores porque no les quedaba dinero del trabajo con lo que tenían que pagar por comida y vivienda”.
Lo más sorprendente de estas dos actuaciones fue su punto de unión: una tienda de alimentación de San Esteban, regentada por ciudadanos búlgaros. En ella, la organización criminal adquiría los productos para los trabajadores extranjeros a unos precios muy por encima del mercado.
Tras estos descubrimientos, se decretó el secreto de sumario en la investigación, antes de un septiembre en el que se llevaron a cabo una serie de intervenciones telefónicas en las que se dieron cuenta de la existencia de un grupo de personas españolas y búlgaras que buscaban trabajadores de un perfil muy determinado: atraían a personas que creían que iban a tener unas condiciones laborales dignas, para luego cobrarles unos precios abusivos por el piso y la alimentación, mientras la organización les buscaba ofertas laborales -varios empresarios sorianos rechazaron este tipo de mano de obra-.
Intervención y detenciones
Finalmente, el 27 de septiembre se realizaron tres inspecciones a cuadrillas de trabajadores, dos en Soria y una en Burgos, tomando declaración a los protagonistas y registrando varias viviendas y la tienda de alimentos de la localidad sanestebeña, lugar en el que se obtuvo numerosa documentación bancaria.
En total, se tomó testimonio a 45 trabajadores, se detuvo a 6 personas, 5 de ellas en Soria y 1 en Burgos, y se investigó a 4 propietarios de pequeñas fincas agrícolas. Por otro lado, la Guardia Civil también ha querido destacar la doble moral de los propietarios de unas viviendas que “no hacían preguntas para no conocer la realidad de lo que sucedía en sus pisos al recibir unos precios desorbitado por ellas”.