El Defensor del Pueblo constata en Soria 3 víctimas de abusos sexuales en la Iglesia

El último informe del Defensor del Pueblo sobre abusos sexuales en el ámbito de la Iglesia católica ha devuelto a la palestra una realidad devastadora. Sólo en Castilla y León se han recogido en este documento 84 localizaciones distintas en las que se habrían producido abusos sexuales: 20 en Salamanca, 14 en León y Valladolid, 12 en Burgos, 9 en Zamora, 7 en Palencia, 3 en Ávila y Segovia y 2 en Soria.

Del apabullante cúmulo de datos incluidos en las cerca de 800 páginas del informe se puede extraer más información referida al distrito eclesiástico de Osma-Soria. Sólo un caso de abuso sexual ha sido comunicado por esta Diócesis, siendo el supuesto agresor un sacerdote. Aun así, el informe constata 3 víctimas en total, todas ellas mujeres menores de edad. En uno de estos casos se intervino con un procedimiento civil, involucrando a la fiscalía. Los casos relativos a la provincia que se inlcuyen en el informe se produjeron en el Colegio Rural Agrupado de Arcos de Jalón y en el Colegio Salesiano de El Royo.

De lo que no existen registros en el documento publicado por el Defensor del Pueblo es de las fechas en las que se produjeron los sucesos en el marco de la diócesis de Osma-Soria, que creó su oficina de recepción de denuncias y atención a víctimas de abuso sexual el 19 de marzo de 2020.

Conclusiones del informe

Ángel Gabilondo, Defensor del Pueblo, señala que "se trata de un informe necesario para dar respuesta a una situación de sufrimiento y de soledad que durante años se ha mantenido, de una u otra manera, cubierta por un injusto silencio”. Un informe en el que "las víctimas son el sentido primero, el sentido último y el sentido central".

Según el documento, la respuesta de la iglesia católica ha estado caracterizada por la negación o la minimización del problema, aunque reconoce que se han detectado a lo largo de esta investigación tanto buenas como malas prácticas. Se explica, además, que los poderes públicos carecieron de procedimientos para prevenir, detectar y reaccionar frente a la comisión de abusos sexuales de menores en los centros escolares de la Iglesia católica, aunque en 2021 se introdujeron mecanismos de detección en la totalidad de centros educativos de titularidad pública o privada. Según esta investigación, los casos que han sido denunciados son una muy pequeña parte de la realidad del problema, aunque no han encontrado respuesta por parte del sistema judicial.

Entre las recomendaciones que propone el informe se encuentra la celebración de un acto público de reconocimiento y reparación simbólica a las víctimas, la creación de un fondo estatal para el pago de compensaciones o que las diócesis e institutos de vida consagrada abran a los investigadores la información contenida en sus archivos.

La investigación se ha basado en los testimonios de las víctimas, recogiendo información relevante sobre 487 afectados (el 84% eran hombres), que han recalcado los problemas emocionales y de conducta que padecen como consecuencia de los abusos. Un tercio aseguraron haber sufrido estrés postraumático, depresión, vergüenza, estigmatización y acciones suicidas. También se han empleado como fuentes documentos de organismos oficiales, de la propia Iglesia e investigaciones de medios de comunicación como El País.

Continuar la investigación

Sin embargo, es difícil encontrar informes que arrojen los mismos datos, por tratarse de un tema tabú y un delito que, en muchos casos, las víctimas no se atreven a denunciar. Izquierda Unida en Castilla y León ha solicitado al Procurador del Común que investigue los casos que se han producido en la región. Esta discrepancia hace pensar a Juan Gascón, coordinador de IUCyL, que las cifras de este informe son sólo "la punta del iceberg" y que "una investigación del Procurador del Común brindaría el marco en el que las víctimas podrían superar los obstáculos e impedimentos que se han encontrado hasta el momento para poder denunciar".