La Junta y el Consejo Evangélico de Castilla y León renuevan su colaboración institucional
La firma del protocolo general de actuación entre ambas entidades viene a profundizar en la colaboración iniciada en 2017, cuando ya se establecieron las pautas para orientar su relación.
El consejero de la Presidencia, Luis Miguel González Gago, y el secretario ejecutivo del Consejo Evangélico de Castilla y León (CECYL), Luis Alberto Bores, han suscrito esta mañana un nuevo protocolo de colaboración institucional, que tiene carácter eminentemente continuista con el ya firmado en 2017. Este protocolo tiene por objeto expresar la voluntad de ambas partes por colaborar en materias de interés mutuo como la educación, la sanidad, la promoción cultural, el patrimonio y el turismo.
La Junta de Castilla y León cumple de esta manera con lo dispuesto en el Estatuto de Autonomía, que en su artículo 8 dispone que corresponde a los poderes públicos de la Comunidad la promoción de las condiciones para que la libertad del individuo y de los grupos en los que se integra sean reales y efectivas, facilitando la participación de todos los castellanos y leoneses en la vida política, económica, cultural y social.
El Consejo Evangélico de Castilla y León es una entidad religiosa que representa a todas las iglesias evangélicas que tienen sus lugares de culto en el territorio de esta Comunidad. Dependiente de la Federación de Entidades Evangélicas de España (FEREDE), tiene responsabilidad directa en materias transferidas a la Comunidad, como la enseñanza religiosa evangélica en los centros educativos, la asistencia religiosa evangélica en centros hospitalarios, la promoción cultural de su patrimonio histórico, etcétera.
González Gago afirma que “la libertad individual, en todas sus manifestaciones, es un principio irrenunciable sobre el cual debemos basar todas nuestras acciones”, y añade que “en la Junta entendemos la diversidad como fuente de riqueza y de valor social; por eso apoyamos de forma decidida la convivencia entre todos los credos religiosos con representación en Castilla y León, garantizando, tal y como legalmente se contempla, sus derechos y su participación en la vida pública”.