138 empresas cambiaron Cataluña por Castilla y León: "No vamos a permitir que se les amenace"

Después del procés (2017) fueron 138 las empresas (de "distintos sectores y diversos tamaños) que decidieron cambiar su sede social y trasladarse a Castilla y León. Sobre todas ellas ha situado Junts estos días la amenaza de sanción si no deciden volver a territorio catalán.

Una situación que la Junta de Castilla y León no está dispuesta a aceptar. Carlos Fernández Carriedo, portavoz del ejecutivo autonómico, ha asegurado que la Junta será "muy beligerante" en defensa de "estas y todas las empresas de Castilla y León" porque "no vamos a permitir que se les amenace, ni a ellas ni a sus trabajadores". Ha puntualizado que "su deseo es quedarse aquí" y espera que "nadie condicione su estancia".

Carriedo ha recordado a estas compañías que "aquí encontrarán un gobierno amable hacia las inversiones, un gobierno que favorezca un clima de inversión". También, en un mensaje directo al presidente Sánchez, ha manifestado que "es misión del Gobierno de España defender la igualdad entre territorios" y ha lamentado que "crear inestabilidad, amenazas y desigualdades entre territorios solo favorece la inseguridad, el peor enemigo de las inversiones". Ha criticado que se "ponga en peligro la igualdad entre españoles y la libertad de las empresas" a cambio de "15 días más de estabilidad parlamentaria".

Fernández Carriedo no descarta acudir a la vía legal para defender "los intereses de los trabajadores y las empresas". "Analizaremos decisiones del Gobierno y si son contrarios intereses castilla y León recurriremos con las vías que nos ofrece el estado de derecho", ha manifestado.