Patrimonio da luz verde y se reactiva el procedimiento para la construcción en el Cerro de los Moros

El expediente para la urbanización del Cerro de los Moros vuelve a reactivarse. Así lo ha anunciado hoy el concejal de urbanismo del Ayuntamiento de Soria, Luís Rey, al dar cuenta del visto bueno otorgado por la Dirección General de Patrimonio de la Junta a la modificación presentada por la empresa.

La falta de este este informe era la razón por la que el expediente había sido paralizado por el Ayuntamiento de Soria la pasada primavera, antes de las elecciones municipales. Así, los expertos en patrimonio de la Junta de Castilla y León dan luz verde a la construcción al considerar que no se produce un impacto visual considerable a la estampa de San Saturio (Bien de Interés Cultural) y que tampoco se ven afectados otros elementos patrimoniales cercanos como el Castillo o la muralla de la ciudad.

El Ayuntamiento de Soria ha pedido a la Junta conocer la información presentada por la empresa que le ha llevado a dar luz verde a la solicitud y ha contratado un servicio externo para responder a todas las alegaciones. El objetivo es resolverlo con celeridad aunque Rey no ha aclarado plazos porque la empresa podría instar a la aprobación por parte de la Junta de manera directa. “Espero que nosotros conténtesenos antes a las alegaciones”, señala el concejal que promete “hacer las cosas bien”.

Este informe, perceptivo y vinculante, llegaba al Ayuntamiento de Soria el pasado 26 de diciembre. Así las cosas, el expediente retoma su curso siendo el siguiente paso la resolución de las alegaciones por parte del consistorio. Hay que recordar que se presentaron decenas de alegaciones tanto de particulares como de colectivos, aunque muchas, repetidas. Si estas alegaciones se resuelven positivamente, la empresa podría empezar a construir.

Mensaje positivo

Luís Rey ha querido mandar un “mensaje positivo” porque el informe de patrimonio garantiza y evidencia que “se está salvaguardado” el patrimonio de la ciudad de Soria. Todo ello, se suma a que la empresa parece haber adoptado la postura del Ayuntamiento en lo relativo a concentrar la edificabilidad en la zona baja de la ladera, cerrando la ciudad con edificios en la calle Marcelino Camacho, Cerro de los Moros y el camino de la Rumba hacia la lechera.

En este punto, “la pregunta del millón es si cabe todo allí abajo”, señala el responsable de urbanismo. Eso todo son las en torno a 1.100 viviendas que el Plan General de Ordenación Urbana concede estos terrenos. Si no fuera posible concentrar toda la edificabilidad, no se descarta que el Ayuntamiento pudiera otorgar a la empresa esa edificabilidad en otras zonas de la ciudad, como podría ser con los terrenos de los terrenos de Martinsa-Fadesa en la zona oeste de la ciudad, dentro de la circunvalación de la SO-20.

Se evitaría así el desarrollo que preveía el primer PGOU que “pintaba chalets en la parte alta del cerro”, recuerda Rey. En el planteamiento actual, esa parte superior del cierro pasaría a ser municipal como equipamiento y el plan a medio plazo sería construir allí un parque para unificar las zonas verdes de la ciudad en torno al río.

Un pelotazo urbanístico

Luís Rey ha recordado en rueda de prensa que el objetivo de este equipo de gobierno era “recuperar para la ciudad el Cerro de los Moros” y “salvar la chapuza” realizada por el PP. Considera Rey que el convenio del Cerro de los Moros es un “ejemplo del urbanismo más horrible” que a sufrido este país.

El concejal relata: “Se firmó un convenio y alguien ganó un pastizal. La empresa que lo compró cayó en concursos de acreedores y ese dinero lo acabamos pagando entre todos mediante el banco malo. Luego, el que perdió el terreno lo volvió a comprar mediante otra sociedad por mucho menos de lo que había pagado inicialmente”. Rey se pregunta “¿quién se lo ha llevado crudo aquí?” y se responde que “quien lo vendió la primera vez” para lamentar que “sobre esto nadie se pregunta”.

Los terrenos que fueron vendidos en primera instancia por 40 millones de euros tras su reconversión en urbanizable pertenecían a la familia Ridruejo y posteriormente fue el constructor Méndez Pozo quien se vinculó, a través de varias empresas y en distintos momentos antes y después del concurso de acreedores, a estos terrenos.