Castilla y León exige al Ministerio que financie la totalidad de plazas de ayudante doctor necesarias para cumplir la ley universitaria
La consejera de Educación ha mostrado la postura de la Comunidad en la Conferencia General de Política Universitaria celebrada en Madrid. Rocío Lucas ha solicitado que se retome el grupo de trabajo creado para acordar la implantación total de la nueva Ley Orgánica del Sistema Universitario. Castilla y León, junto con otras comunidades, ha conseguido un aumento en la parte de financiación estatal que ahora habrá que estudiar al detalle.
La Junta de Castilla y León ha desplegado en los últimos años una política de total apoyo a la actividad docente e investigadora con ayudas al estudio, rebaja de precios públicos y líneas de contratación. Asimismo, la Consejería de Educación ha trabajado intensamente en mejorar la transferencia de conocimiento desde las universidades al tejido social y empresarial.
En este contexto, la consejera de Educación, Rocío Lucas, ha solicitado en la Conferencia General de Política Universitaria celebrada esta mañana que el Ministerio financie la totalidad de las plazas a las que obliga la nueva normativa.
“Es necesario que el Ministerio financie al 100 % durante el periodo transitorio las nuevas contrataciones de ayudante a doctor que impone una ley aprobada sin consenso, porque es algo que se quedará en los sistemas universitarios de forma estructural y que tendremos que sufragar las comunidades autónomas”, ha señalado Rocío Lucas.
Gracias a la postura común de gran parte de las autonomías, la ministra ha ofrecido duplicar la financiación en un principio planteada; una propuesta que Castilla y León analizará cuando conozca más a fondo los detalles
La consejera ha solicitado, además, que cualquier financiación que el Ministerio comprometa se traslade a las comunidades autónomas de manera finalista y que se retome el grupo de trabajo que se creó para la correcta implantación de la LOSU.
Rocío Lucas ha recordado que este grupo, de momento, no está cumpliendo sus objetivos, ya que no se analizan las propuestas de las administraciones autonómicas. Sin embargo, ha lamentado que los consejeros hayan tenido que enterarse por los medios de comunicación de propuestas que afectan directamente a la implantación de la nueva normativa.
En definitiva, la consejera ha recriminado al Ministerio el fondo y las formas con los que está actuando en la implantación de una nueva ley que ha aprobado sin consenso y sin tener en cuenta la financiación necesaria para ponerla en marcha sin incertidumbres.