Responsabilidad empresarial

Una vez si, y otra también. La adjudicación pública de determinadas obras a empresas grandes y foráneas lleva consigo, en demasiados casos, fracasos en la ejecución de dichas obras.

No es nuevo; es un tema demasiado manido, pero poco normativizado y practicado por auténticos tigres de la contratación pública. Ellos muerden a los que quieren hacer la obra pública; ellos provocan caídas exageradas en los precios, hasta llegar a las bajas temerarias, y ellos son los que, unos meses más tarde, ya fuera de plazo y con provocaciones escandalosas, dejan tirada la obra que otros podrían haber hecho con el presupuesto que se había fijado, y sin necesidad de “atracos” que muchas veces se hacen a las administraciones adjudicatarias basados en cambios profundos en la ejecución de una obra que, pueden ser ciertos, pero sólo me creo en casos excepcionales.

Y eso pasa en obras de vivienda pública; en obras de carreteras; en obras de instalaciones deportivas; en obras de parkings, y en administraciones grandes o pequeñas. El profesional del fraude está en todos los lados, pero tristemente sigue teniendo poca o nula responsabilidad posteriormente. Todos se basan en la norma que favorece que con distintas nominaciones y con diferentes personalidades jurídicas puedan seguir haciéndose las mismas trampas.

En Soria no nos escapamos a tanto bandido. En las obras públicas de cualquier ámbito hemos tenido piratas y grandes deudores. Curiosamente, la mayor parte de las deudas se las han comido empresas sorianas subcontratadas que, a pesar de no conseguir la adjudicación de aquéllas obras, fueron quienes las ejecutaron sin posteriormente cobrar las facturas correspondientes. Las administraciones, mientras tanto, atadas por las normas y muchas veces por su ineptitud, caen una y otra vez en las mismas trampas. En estos meses, tras la oscura explicación que se ha dado en obras como la calle Doctrina, todos estamos pensando en la falta de ejecución que se está haciendo presente y que llevará consigo el malestar y el hartazgo de todos los vecinos de una zona que no tienen porqué pagar todo esto. ¿Habrá algún día en que seamos mínimamente listos y podamos encargar la ejecución de obras públicas en empresas de confianza, locales en su mayor parte, y con la certeza de ver que la terminación y dicha ejecución se hacen conforme a lo establecido en el proyecto y presupuestos iniciales?.

Siempre se ha dicho que no sería “legal” hacer este tipo de acciones; no entiendo cómo, en otros territorios, sí se hace, sí se consigue, y sí es legal. Alguna diferencia tiene que haber que yo no llego a entender ni otros a acertar.