CSIF reclama la creación del Consejo de Justicia de Castilla y León previsto en el estatuto de autonomía

La Central Sindical Independientes y de Funcionarios (CSIF) urge a las Cortes de Castilla y León y a la Junta la aprobación de un gran pacto por la Justicia en la Comunidad, y que desarrollen la Ley que ponga en marcha el Consejo de Justicia de Castilla y León regulado en el artículo 42 del estatuto de autonomía. “Debe convertirse en un órgano consultivo proactivo e impulsor de soluciones y respuestas para la administración de Justicia, aunque no esté transferida”, ha señalado Juanjo Banciella, elegido presidente del sector de Justicia de CSIF Castilla y León en el congreso autonómico celebrado hoy en León.

La composición de este órgano debe incluir a todos los implicados en la Justicia, y en particular a los representantes de los funcionarios de Justicia que son el 95% de los que trabajan en los juzgados, considera CSIF. Asimismo, reclama la implicación de todos los agentes sociales para acabar con el estrangulamiento que, en palabras de Banciella, sufre la Justicia en Castilla y León: “Todos los indicadores del 2023 son muy negativos y, pese al esfuerzo de sus trabajadores, la Justicia cada vez está más atascada”.

Más de dos meses y medio tardan algunos decanatos en turnar una demanda, y la tasa de congestión de juzgados y tribunales de la Comunidad sigue aumentando, sin que pueda achacarse solo a las huelgas de 2023, aclara el responsable del sector de Justicia de CSIF. “Faltan juzgados y hay que incrementar plantillas”, insiste.

Más de 300 puestos de funcionarios de Justicia habría que crear en la Comunidad, es decir, un 10% más de la plantilla orgánica actual que es de 2.800, dice CSIF.

Valora que es necesario crear en Castilla y León al menos 22 órganos judiciales, “como los de Familia en Valladolid o Ponferrada; juzgados de lo Social en Burgos; de Primera Instancia en multitud de localidades; también de violencia de género… La lista es interminable”, dice Juanjo Banciella, “pero es que también son necesarios juzgados de instrucción o de lo penal o incluso mercantiles. A ello, habría que sumar equipos psicosociales que son claves en la atención a menores, y otros órganos para el registro y reparto de asuntos.

Los medios materiales y las instalaciones son insuficientes y deficientes, añade. Se desarrollan leyes procesales, pero no se adaptan los programas informáticos. “Los compañeros están hartos de los fallos, de llegar a trabajar y no saber qué problema encontrarán, porque hay días que ni siquiera pueden acceder al Sistema de Gestión Procesal, o funciona con tal lentitud que es imposible sacar el trabajo”.

Y en materia de edificios, “pues sólo hay que ver como ejemplo paradigmático el estado de la ‘Plaza de la Justicia de Valladolid’, completamente parada y con un edificio que debería ser judicial pero que, de momento, solo sirve para grabar series como ‘Memento mori’”.

Lo preocupante de todo ello, remarca el responsable de CSIF Justicia en Castilla y León, es que, “no somos sólo nosotros los que lo decimos. El Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León también lo señala año a año y parece que a nadie le importa el deterioro de la Justicia en nuestra Comunidad”.

LOS INDICADORES DE 2023

Juanjo Banciella remarca que “los números del año 2023 nos dan la razón, muestran que la Justicia en Castilla y León puede colapsar si no se le dota de medios suficientes”. Por ejemplo, recuerda que “en toda la Comunidad y todas las jurisdicciones, el año pasado ingresaron más de 298.000 asuntos, y si se empezó 2023 con prácticamente 130.000 asuntos pendientes, al final de ese ejercicio había unos 161.500, esto es, un 24% más, siendo especialmente relevante el incremento de asuntos pendientes en la jurisdicción civil”.

Asimismo, Banciella dice que 2023 acabó con más de 125.000 sentencias en ejecución, o que la ratio de resolución (el número de asuntos que entra en un juzgado dividido entre los asuntos que se resuelven) ha descendido un 7% y ahora no llega al 0,9%. Esto significa que un 10% de los asuntos quedan sin resolver cada año. También refiere que son preocupantes las tasas de congestión de los juzgados, que se sitúa de media en el 1,62 para todas las jurisdicciones, con un incremento de casi un 10% frente al año anterior.

Ante estos datos, el sindicato CSIF anuncia que está ultimando una gran radiografía del estado de la Justicia en Castilla y León y de sus necesidades; y que, en las próximas semanas, promoverá reuniones con los grupos políticos en las Cortes de Castilla y León, la Junta de Castilla y León y distintos responsables y actores de la Justicia en la Comunidad. El objetivo es crear un espacio de dialogo común, que permita abordar los problemas de la Justicia en Castilla y León e impulsar palancas frente al Ministerio de Justicia, para poder ofrecer un servicio de calidad a los ciudadanos de la Comunidad. “El Ministerio se va a seguir sintiendo muy cómodo mientras no existan transferencias y no se le exijan actuaciones concretas”, concluye Banciella.

El presidente del sector nacional de Justicia, Javier Jordán, ha recordado en León que, gracias a la tarea negociadora de CSIF, en el ámbito del Ministerio, se ha conseguido recientemente un acuerdo de mejora salarial para los trabajadores de Justicia de Castilla y León, que está sirviendo de base y de guía para mejorar laborales y salariales en otros ámbitos transferidos.