Las nuevas bases de la subvención para fines sociales vinculada al IRPF en Castilla y León apuesta por el medio rural y los programas de conciliación

La Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades ha hecho pública hoy, a través del Boletín Oficial de Castilla y León, la orden mediante la cual se aprueban las bases reguladoras de las subvenciones destinadas a la realización de programas de interés general para atender fines sociales en el ámbito de la Comunidad y que están financiadas a través del 0,7 % del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas —IRPF— y del Impuesto de Sociedades. Más de 22 millones de euros para que las entidades del Tercer Sector desarrollen y ejecuten sus programas en uno de los nueve ámbitos en los términos que establezca la próxima convocatoria.

A través de estas nuevas bases, la Junta apuesta de manera decidida por la intervención directa en el medio rural y por un mayor impacto territorial. El Ejecutivo autonómico ha establecido un baremo que premia a las entidades que desarrollen sus programas en los pequeños municipios por lo que, cuanto más pequeña sea la localidad, mayor será la puntuación, la cual, a su vez, gana más peso en el cómputo global. Además, también crecen los puntos ligados al número de provincias en el que se ejecuten las actuaciones, por lo que también se apuesta por una mayor extensión de los programas.

Además, la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades ha decidido potenciar el ámbito de la conciliación personal, familiar y laboral unificando todas las acciones relacionadas en una única línea. De este modo, a través de ella se podrán solicitar dos tipos de programas: aquellos dirigidos al apoyo de las familias con menores que, debido a una situación sobrevenida de enfermedad grave, precisen de recursos para conciliar; y los destinados a favorecer la conciliación de familias con menores de hasta 12 años tanto en el medio rural como en zonas deprimidas del medio urbano.

En el ámbito de trastornos adictivos tanto por uso de sustancias como por juego patológico, se ha incorporado una línea adicional para fomentar las inversiones en los centros de la red de atención a este colectivo, con el objetivo de mejorar la prestación de los servicios de atención y adecuarlos a las demandas de los usuarios mediante la realización de obras o la actualización de equipamientos.

Otras novedades de la subvención

Junto con las citadas incorporaciones, se han introducido más novedades de cara a mejorar tanto el procedimiento de concesión como la calidad de los programas que se lleven a cabo. En primer lugar, las entidades deberán estar inscritas en los correspondientes registros antes del comienzo del plazo de presentación de solicitudes, eliminándose la posibilidad de que realizaran dicha inscripción durante el transcurso de dicho plazo. Tales registros son el Registro de Entidades, Servicios y Centros de carácter social de Castilla y León o, en su caso, el Registro de entidades para la igualdad de oportunidades de Castilla y León y el Registro de la Red de Atención a Personas Inmigrantes de Castilla y León.

También se hace hincapié en el cumplimiento de la normativa de integración laboral de las personas con discapacidad, para lo cual se exigirá a la entidad la acreditación de que desarrolla su actividad de acuerdo con lo establecido en la ley.

Con la aprobación de estas nuevas bases, la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades refuerza también su apuesta por la innovación, incrementándose la puntuación de este criterio de valoración. En este contexto, se calificará positivamente, también, aquellos programas que se anticipen a problemas futuros y se centren en necesidades emergentes, pero también los programas nuevos o significativamente mejorados en relación con convocatorias anteriores.

La convocatoria establecerá, además, una duración mínima para que un programa sea considerado como subvencionable —que variará en función del ámbito y de la línea— y, además, las entidades deberán contar con, al menos, una persona vinculada al desarrollo del programa, bien a través de un contrato laboral o de arrendamiento de servicios. Por último, las potenciales beneficiarias deberán declarar responsablemente el destino del dinero público concedido a la ejecución del programa presentado en la solicitud.

Los ámbitos subvencionables son nueve: promoción de la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres y lucha contra la violencia de género; inclusión social; infancia; familia y conciliación de la vida personal, familiar y laboral; personas con discapacidad; personas mayores; trastornos adictivos por uso de sustancias y por juego patológico; voluntariado y juventud.

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