Castilla y León aprueba nueva legislación para regular el juego

La legislación fue aprobada por el Pleno de las Cortes de la comunidad autónoma y encontró resistencia por parte de grupos como el PSOE y Unidas Podemos, pero contó con el respaldo del PP y de Vox, garantizando su aprobación. El propósito explícito es proteger a los más vulnerables, pero también proporcionar un entorno de negocio estable para las empresas del sector, que sostienen cerca de 2.000 empleos y generan significativos ingresos fiscales, destinados principalmente a servicios públicos esenciales.

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Las regulaciones han jugado un gran papel en garantizar un entorno de juego seguro, con medidas que incluyen la verificación de la edad y procedimientos rigurosos para prevenir el fraude. Esto es parte de un esfuerzo más amplio por parte de las autoridades para adaptarse a los nuevos hábitos de los consumidores.

Una de las modificaciones más importantes de la nueva regulación es el aumento de la distancia mínima entre escuelas y salas de juego. Antes establecida en 100 metros, ahora las salas de juego deberán estar al menos a 150 metros de instituciones educativas. Además, se ha determinado que estos establecimientos deben mantener una distancia de 300 metros entre sí, una medida pensada para evitar la saturación de locales de juego en una misma área.

Como una innovación orientada a la promoción del juego responsable, se ha creado la Comisión Técnica de Coordinación del Juego Responsable. Esta entidad será responsable de desarrollar e implementar una Estrategia de Prevención y Tratamiento del Juego Patológico, con el fin de coordinar esfuerzos entre diferentes organismos gubernamentales y así combatir el riesgo de dependencia.

Durante el proceso de debate, también se discutieron propuestas para la creación de fondos destinados a programas de prevención de patologías relacionadas con el juego. Aunque esta iniciativa particular no prosperó, se confirmó la financiación para programas de prevención y rehabilitación, así como para campañas de sensibilización, financiadas con los ingresos de las multas impuestas por infracciones.

Promulgada después de 26 años de la normativa anterior, la legislación contó con el firme apoyo del Partido Popular (PP) y Vox, quienes subrayan la necesidad de actualizar las normas para adaptarse a los nuevos hábitos sociales y proteger a los grupos vulnerables. Sin embargo, enfrentó una fuerte resistencia por parte de partidos como el PSOE y Unidas Podemos, que criticaron algunos de los principios y enfoques de la ley.

El apoyo de Vox fue importante, considerando su influencia en la política regional. Desde su inicio en las Cortes de Castilla y León, Vox ha mantenido una postura firme en diversas cuestiones, incluida la regulación del juego, enfatizando la necesidad de proteger a los ciudadanos de los riesgos asociados al juego compulsivo y de fomentar prácticas de juego responsable.

Con 43 votos a favor, 30 en contra y 7 abstenciones, la legislación fue aprobada, según declaró Luis Miguel González Gago, Consejero de la Presidencia. Según él, era indispensable incorporar nuevas disposiciones reguladoras que se ajustaran a las realidades actuales. Ricardo Gavilanes, diputado del PP, enfatizó que la legislación permite un control más riguroso de la industria, no buscando prohibir ni promover el juego, sino regularlo.