Castilla y León y y Empresa Familiar crean una mesa de trabajo para seguir avanzando en simplificación administrativa

Hoy miércoles, el vicepresidente de la Junta de Castilla y León, Juan García-Gallardo, y el presidente de la Asociación Empresa Familiar de Castilla y León (EFCL), Isidoro J. Alanís Marcos, han firmado un protocolo de colaboración que permitirá trabajar conjuntamente a través de una Mesa de Trabajo Bilateral permanente, con el objetivo de seguir avanzando en materia de simplificación administrativa y para la reducción de trabas burocráticas en el Gobierno de la Comunidad.

Esta colaboración da forma estable a una relación que ya existía, según explicó García-Gallardo, quien resaltó que permitirá avanzar hacia una administración “menos burocrática y más facilitadora de los negocios”.

La firma del protocolo inicia un nuevo modelo de abordaje de las tareas de simplificación. Si hasta ahora la administración reaccionaba a las propuestas que recibía de la sociedad civil, ahora se trata de crear un cauce de colaboración permanente para buscar conjuntamente oportunidades de mejora.

El protocolo con la Asociación Empresa Familiar de Castilla y León es el primero de varios que se firmarán próximamente con otras organizaciones, como la CEOE Castilla y León, el Consejo de Cámaras Oficiales de Comercio, Industria y Servicios de Castilla y León, y el Consejo Regional de Colegios Oficiales de Secretarios, Interventores y Tesoreros de Administración Local de Castilla y León (COSITAL).

No es la primera colaboración entre ambas instituciones, pues Empresa Familiar presentó hace un año a la Vicepresidencia una serie de propuestas que fueron estudiadas por el Gobierno autonómico, bajo la coordinación de la dirección general de Relación con la Sociedad Civil, y que condujeron a la aprobación de 16 reformas normativas; algunas ya aplicadas y otras ya en marcha.

A modo de ejemplo, se han llevado a cabo las modificaciones normativas necesarias para eliminar el requisito de la autorización ambiental en instalaciones industriales destinadas a la fabricación y montaje de vehículos de motor y fabricación de motores, así como en las instalaciones de tratamiento de residuos (valorización o eliminación, incluida la preparación anterior a la valorización o eliminación).

En general, los cambios aprobados apuntan a sustituir los procedimientos de autorización administrativa por un régimen jurídico más flexible. “Queremos una relación más basada en la confianza en las empresas”, explicó el vicepresidente, “siempre que se cumplan las garantías necesarias”.

Pero consciente de que existe todavía mucho trabajo pendiente, la Vicepresidencia de la Junta ha decidido iniciar un nuevo marco de colaboraciones con todas las organizaciones representativas de intereses económicos, sociales y empresariales dispuestas a participar, para detectar posibles mejoras, analizarlas y en su caso promover la mejora oportuna.

El presente protocolo general de actuación tiene por objeto establecer “una colaboración institucional estable y permanente” entre las partes firmantes. La finalidad de esta actuación conjunta y coordinada es “el perfeccionamiento del servicio público prestado por la Administración autonómica, orientado al progreso económico y social de la sociedad, a la mejora de la calidad de vida de los ciudadanos y a la consecución de los derechos, principios y libertades reconocidos en el ordenamiento jurídico, favoreciendo el desarrollo y el crecimiento en todos los órdenes sociales”, según indica expresamente el protocolo suscrito esta mañana.

Ambas partes fundamentan su colaboración sobre la premisa de que la detección de cargas y trabas burocráticas “resulta más eficaz y precisa cuando emana directamente de los propios interesados, al reflejar fielmente sus necesidades y expectativas e integrar sus experiencias como usuarios finales de los servicios administrativos”.

Se concede así a la sociedad civil “el protagonismo que le corresponde” como destinataria final de la actuación administrativa. De este modo se apuesta por un método activo y participativo, fomentando una Administración más adaptable y alineada con los requerimientos de su entorno.

Entre los acuerdos aprobados, el principal es la creación de un cauce de colaboración estable y permanente entre ambas partes para detectar las cargas burocráticas y las trabas administrativas que afectan a la administración autonómica y entablar un diálogo institucional que permita removerlas definitivamente o, en su caso, minimizar su impacto.

Para ello se establece un canal de comunicación único con la Administración autonómica a través de la dirección de correo electrónico [email protected] donde las organizaciones representativas de intereses económicos, sociales y empresariales, así como sus miembros individuamente, puedan dirigir sus solicitudes de simplificación y sugerencias para la reducción de cargas y trabas administrativas.

El objetivo de las actuaciones que se pretende desarrollar es garantizas, en la medida en que sea posible, la aplicación efectiva del principio 'sólo una vez' evitando que los interesados tengan que presentar datos o documentos que hayan sido elaborados por la propia Administración, o bien se encuentren ya en su poder o sea posible acceder a ellos mediante plataformas de intermediación.

Asimismo, se busca impulsar la aplicación efectiva del principio «una más, una menos» para la compensación de cargas administrativas, de modo que cualquier nueva regulación normativa que introduzca cargas administrativas adicionales deba contemplar una eliminación compensatoria de otras cargas con la misma o superior valoración económica a las que pretende imponer.

El acuerdo de colaboración, que tiene una vigencia de cuatro años, también pretende contribuir al uso de un lenguaje claro y accesible en los procedimientos administrativos, sin pérdida del rigor jurídico necesario y facilitando su comprensión por sus destinatarios.

Los trabajos que se desarrollarán buscan dar cumplimiento al artículo 12 del Estatuto de Autonomía de Castilla y León, que consagra el derecho a una buena Administración garantizando que los ciudadanos, en sus relaciones con la Administración autonómica, recibirán un tratamiento imparcial y objetivo de los asuntos que les conciernan y a la resolución de los mismos en un plazo razonable, entre otros derechos reconocidos.

En la reunión que condujo a la firma del protocolo participaron, además del vicepresidente de la Junta de Castilla y León y del presidente de la Asociación Empresa Familiar de Castilla y León, la vicepresidenta de la AFCL María del Carmen San Martín y el director general de Relación con la Sociedad Civil, Álvaro Ramos Catalina.