El grupo municipal del PP, que se personó como demandado para ‘controlar’ al Ayuntamiento, hace pública la sentencia y anuncia que cuando termine el procedimiento judicial pedirán que la sanción vuelva a la cuantía inicial de 300.000€.
“Otra sentencia favorable para los sorianos”, así anunciaba Belén Izquierdo que el juzgado de lo contencioso administrado de Soria ha desestimado el recurso contra la sanción de 150.000€ impuesta a la constructora Domus por edificar, según ha quedado demostrado, una planta más de las que marcaba la licencia y el planeamiento urbanístico.
La líder del Partido Popular en el ayuntamiento capitalino ha recordado que esta es la segunda sentencia judicial que abala las tesis de su partido. “Dos de dos”, señalaba en alusión a la anterior sentencia que obliga a tirar la edificabilidad extra. Queda una tercera decisión judicial, que llegará ya en septiembre, que es la que atañe a la permuta realizada entre el Ayuntamiento y la Constructora y que es la pieza clave con la que se pretendía dar legalidad a esa construcción de una planta a mayores.
Acompañada por Saturnino de Gregorio, el concejal del PP en la comisión de urbanismo, Izquierdo ha explicado que el PP pedirá que la sanción que finalmente se imponga sea de 300.000€ tal y como marcaba el primer expediente. Una sanción al máximo de lo que permite la ley y que fue rebajada al 50% por un informe municipal que señalaba que era posible legalidad la situación.
Toda vez que ese punto ha quedado desestimado por la justicia, el PP considera que es oportuno devolver la sanción a los 300.000€, aunque esperará a que las sentencias sean firmes para estudiar cómo hacerlo. El PP ha levantado que el PSOE impidiera una comisión de investigación para saber “qué pasó” y como fueron esas reuniones “al más alto nivel técnico y político” que, asegura la empresa, se realizaron. Considera que cuando acaben los pasos judiciales será el momento de “asumir responsabilidades políticas” por parte del equipo de gobierno.
Los concejales populares han dado a conocer esta sentencia, ante la que cabe recurso en 15 días hábiles por lo que podría presentarse este por parte de la empresa en septiembre al ser agosto mes inhábil para la justicia, ya que el PP se personó voluntariamente como parte acusada para acompañar al Ayuntamiento y así controlar la acción de este. Señalan desde el PP que el consistorio ha perdido sentencias y recursos por no actuar en tiempo y forma ante la justicia.
“Siempre hemos defendido que se ha levantado una obra más incumpliendo la licencia y el planteamiento vigente”, recuerda izquierdo quien considera que los 1.500 folios del expediente y las 21 páginas de esta sentencia dan la razón a sus planteamientos. Además, señala que la justicia destaca que en los informes municipales “se pierde la perspectiva legal”.
Izquierdo y De Gregorio lamentan que haya cuidados afectados porque compraron unos áticos que, según la empresa, nunca han existido, pero señalan que “lo que no se puede consentir es una ilegalidad y barata”.
Los concejales populares han lamentado lo que consideran un año desaprovechado en la gestión municipal. Un primer año de legislatura con el consistorio “paralizado” y funcionando “por inercia”, aseguran. La relación de puestos de trabajo, los retrasos en las licencias de urbanismo o los problemas en materia de personal son algunos de los ejemplos que ponen.