El 84% de los ayuntamientos sorianos cumplen con la obligación de rendir sus cuentas, la segunda provincia con el índice más bajo de Castilla y León

El 84% de los ayuntamientos de la provincia de Soria han cumplido a la fecha con la obligación legal de rendir sus cuentas, según la fiscalización que realiza el Consejo de Cuentas a través de la plataforma telemática para la rendición de las cuentas de todo el sector público local.

A fecha actual, 153 de los casi 190 municipios de la provincia de Soria han informado sobre su gestión económico-financiera del ejercicio 2022 (último fiscalizado), facilitando así la función de control del Consejo para garantizar que las cuentas se han elaborado de forma correcta, destacó el presidente de la institución Mario Amilivia.

Además de los ayuntamientos, han rendido cuentas la Diputación soriana, 46 de las 55 entidades locales menores, y 8 de las 18 mancomunidades y otras entidades de la provincia. El porcentaje de rendición de los ayuntamientos de Soria sitúa a la provincia en la actualidad como la segunda con el índice más bajo en Castilla y León, superando únicamente a Burgos, que presenta el dato más bajo de rendición (83%).

El órgano fiscalizador autonómico celebró hoy su Pleno en el Antiguo Palacio Provincial de Zamora dando luz verde a una de las fiscalizaciones más relevantes de mandato legal como es la del Informe anual sobre las cuentas del sector público local correspondientes al ejercicio 2022.

La jornada se inició con la recepción al Pleno de este organismo en el Ayuntamiento por parte del alcalde de Zamora, Francisco Guarido, para posteriormente ser recibido por el presidente de la Diputación, Javier Faúndez.

Este Informe anual se presenta fuera de la sede del Consejo para divulgar su labor, estimular la colaboración con las entidades locales y su rendición de cuentas. En años anteriores, este trabajo fue presentado en los ayuntamientos de Salamanca y Brañosera, y también en las diputaciones de Burgos y Soria.

Amilivia quiso remarcar con tal motivo que “la rendición de cuentas de las entidades locales no es un fin en sí mismo, sino una herramienta de transparencia que permite dar a conocer a todos los ciudadanos la situación económica de sus municipios”.

Situación económica

En este sentido, añadió, “la principal conclusión del informe es que las entidades locales de Castilla y León -analizadas de forma global- gozan de una situación económica saneada”.

En conjunto, en 2022 gastaron 2.729 millones de euros, lo que con relación a los 2.845 millones de ingresos arroja un resultado presupuestario positivo de 116 millones de euros.

Por otra parte, la deuda viva de las entidades locales con relación a sus ingresos continúa su tendencia decreciente, mientras que el remanente de tesorería sigue aumentando en todos los ejercicios del periodo 2019-2022.

En 2022 el importe global de la deuda viva sumaba 765 millones de euros. La relación entre el volumen de deuda y los ingresos corrientes pasa de representar el 34% en 2019 al 28% en 2022, con una caída global de 6 puntos porcentuales.

La práctica totalidad de las entidades locales de la Comunidad Autónoma liquidaron sus presupuestos con Remanente de Tesorería para gastos generales positivo (el 98,6%). Sólo el 1,4% de las entidades presentaron Remanente de Tesorería negativo, mayoritariamente ayuntamientos menores de 5.000 habitantes.

En el periodo analizado, el Remanente de Tesorería para gastos generales pasa de 908 millones de euros en 2019 a 1.125 millones en 2022, con un incremento global del 24%. También, los fondos líquidos del conjunto de las entidades locales crecen un 41%, pasando de 1.010 millones de euros en 2019 a 1.428 millones en 2022, cantidad que duplica la deuda viva.

Rendición de cuentas

El informe pone de manifiesto que, a 31 de octubre de 2023, fin del plazo legal de rendición, la presentación de las cuentas por parte de los ayuntamientos de Castilla y León alcanzaba el 66,4%, presentando los mejores niveles de rendición del conjunto de las entidades locales, seguidos por las diputaciones, aunque cuatro de estas (Ávila, León, Valladolid y Zamora) no habían rendido.

La rendición durante el plazo legal por parte de los ayuntamientos por provincias sólo aumentó en la de Burgos (1,3 puntos) y la reducción más significativa se registró en la provincia de Valladolid, con 14,2 puntos.

Por su parte, la rendición de las entidades locales menores de la Comunidad (un total de 2.207), se situaba entonces 27,4 puntos por debajo de los ayuntamientos.

A fecha actual ya han cumplido con la rendición el 87% de los ayuntamientos de la Comunidad, en una horquilla que oscila entre el 92% de Zamora y el 83% de Burgos. Han rendido también todas las diputaciones provinciales y el 74,3% de las entidades locales menores. Por el contrario, el Consejo Comarcal de El Bierzo sigue sin rendir cuentas. De hecho, rindió hasta 2016, a partir del cual lo ha dejado de hacer.

Castilla y León, a pesar de contar con 2.248 ayuntamientos -casi 5.000 entidades sumando todo el sector público local- tiene un nivel de rendición de cuentas 6,3 puntos porcentuales por encima de la media nacional (66,4% y 60,1%, respectivamente), solo superada por comunidades con mejores resultados en las que se condicionan las subvenciones y otras ayudas al cumplimiento de esta obligación por parte de las entidades locales.

En los últimos ejercicios la tendencia en los niveles de rendición comparados de los ayuntamientos de Castilla y León ha sido alcista, con diferenciales en 2019, 2020 y 2021, del 4,7%; 5,4% y 4,5% respecto a la media nacional, alcanzando en 2022, con 6,3 puntos el diferencial más alto de la serie.

Sin perjuicio de todo ello, el Consejo de Cuentas reitera una vez más la conveniencia de establecer medidas normativas para elevar el índice de cumplimiento por las entidades de la Comunidad.

En esta línea, Amilivia subrayó que la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno tipifica en su artículo 28, entre otras, como “infracción muy grave en materia de gestión económico-presupuestaria” el incumplimiento de la obligación de rendir cuentas.

Destacó que, en este sentido, en Castilla y León la Orden por la que se establecen las bases reguladoras de las ayudas de la cooperación económica local general y específicamente de las Ayudas del Fondo de Cooperación Local-Pacto Local, establece, como requisito para solicitar dichas ayudas, la presentación de declaración responsable acreditativa de la rendición de la cuenta general ante el Consejo de Cuentas, en los plazos previstos en la normativa vigente.

El Consejo de Cuentas realiza en la actualidad una fiscalización sobre la situación de los municipios más incumplidores en la rendición de cuentas.

Análisis de las cuentas

Con relación al análisis de las cuentas, las provincias de Soria y Ávila son las que obtienen mejores porcentajes de cuentas completas y sin incidencias (43% y 39% respectivamente), mientras que los índices más bajos los registran las entidades de Palencia, Burgos y León. Respecto al número de incidencias por cuenta, las provincias que presentan mejores ratios son Soria, Salamanca, Ávila y León con valores entre 1,8 y 2,5. En el extremo opuesto se sitúan las provincias de Palencia, Segovia, Burgos, Valladolid y Zamora, con las ratios más elevadas, entre 2,6 a 2,9 incidencias por cuenta.

Rendición de contratos

Por otro lado, hasta el 28 de febrero de 2023, plazo legal para dar cuenta ante el Consejo de Cuentas de la contratación administrativa realizada, habían remitido la información contractual correspondiente al ejercicio 2022 un total de 1.623 entidades locales de la Comunidad Autónoma (el 34,2%). Resultado que representa una disminución respecto a los datos registrados en el ejercicio anterior (35,1%).

Los entes del sector público local de Castilla y león comunicaron información acerca de 73.049 contratos, con un importe de adjudicación de 554.857.675 euros formalizados en 2022.

Otras fiscalizaciones

El Consejo tiene en elaboración en la actualidad varias fiscalizaciones sobre el sector público local. Además de las ya citadas, la de medidas de ahorro energético adoptadas por determinados municipios, en colaboración con el Tribunal de Cuentas; la de cumplimiento de la normativa en materia de planes de igualdad por los municipios de más de 20.000 habitantes, la de Mancomunidades de municipios, consorcios, y otras entidades asociativas, como alternativas a la reducción de la planta local; la de procedimientos de estabilización de empleo temporal de las entidades locales; la de establecimiento de zonas de bajas emisiones en los municipios, en colaboración con el Tribunal de Cuentas y la de Contratos Menores de los ayuntamientos de más de 10.000 habitantes que no sean capitales de provincia.

Junto con los integrantes del Pleno del Consejo (Amilivia y los consejeros Melero y Jiménez), se han desplazado también a Zamora el secretario general de las Instituciones Propias de la Comunidad, Santiago Salazar, y el titular de la Agencia Independiente en materia de corrupción, Luis Gracia.