Autorizados los pagos de arrendamiento, personal y servicios de la Fundación Serla
Fruto del compromiso adquirido el pasado lunes entre la Consejería y los agentes económicos y sociales del Diálogo Social.
El Consejo de Gobierno de la Junta de Castilla y León ha aprobado hoy jueves, a propuesta de la Consejería de Industria, Comercio y Empleo, el acuerdo que permite a la Fundación Serla hacer efectivos pagos de arrendamiento, personal y servicios derivados del ejercicio de sus funciones de mediación. Este acuerdo es fruto del compromiso adquirido el pasado lunes entre la Consejería y los agentes económicos y sociales del Diálogo Social.
El acuerdo aprobado hoy en Consejo de Gobierno faculta a la Fundación para que pueda abonar, con cargo a la aportación dineraria concedida por la Junta de Castilla y León el pasado mes de marzo, gastos de arrendamiento, costes salariales del personal de alta dirección y gastos derivados de los servicios prestados por empresas y profesionales en la gestión de todos los conflictos, tanto de conflictos colectivos como de conflictos individuales.
Además, se amplía el periodo de ejecución de los fondos recibidos, de modo que, la Fundación podrá destinar la aportación económica de la Junta de Castilla y León, que se ha hecho efectiva el pasado mes de mayo, a sufragar gastos generados tanto durante el presente ejercicio como durante el segundo semestre del pasado año 2023.
De este modo, el Gobierno autonómico pretende facilitar el pleno funcionamiento de la Función del Servicio Regional de Relaciones Laborales de Castilla y León y posibilitar la financiación de su actividad mediadora en los conflictos surgidos entre empresas y trabajadores, evitando su judicialización.
El acuerdo aprobado es fruto del compromiso adquirido por la Consejería de Industria, Comercio y Empleo este mismo lunes con CEOE CYL, UGT y CCOO en el marco del Diálogo Social y constituye el punto de partida para abordar las dificultades económicas de la Fundación.
En este sentido, el objetivo del Gobierno autonómico es alcanzar un acuerdo tripartito consensuado, con criterios de eficiencia económica y seguridad jurídica, que dé estabilidad a la Fundación.