Familia e Igualdad de Oportunidades destina casi un millón para la protección a la infancia y la lucha contra la exclusión social a través de Cruz Roja
El Consejo de Gobierno da luz verde a una ayuda de 936.117 euros para que la entidad continúe prestando recursos y apoyos tanto en el sector de la protección a la infancia como en el de la inclusión social a través de la atención directa o la promoción de la integración en el mercado de trabajo.
La Red de Protección a las Familias Vulnerables de la Junta, comandada por la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades, aglutina a administraciones públicas y entidades del Tercer Sector con el objetivo de aunar todos los esfuerzos a distintos niveles en la lucha contra la pobreza y la exclusión social.
En este contexto, el Consejo de Gobierno ha aprobado una subvención directa de 936.117 euros destinada a uno de los actores principales de la Red, es decir, Cruz Roja, para continuar prestando servicio a las familias en riesgo de exclusión desde diferentes perspectivas.
Parte de esta subvención irá destinada a actuaciones relacionadas con la protección a la infancia, concretamente al ‘Programa de atención a jóvenes infractores’, en cuya edición de 2023 se atendieron a 116 personas —32 con medidas judiciales y 84 con administrativas—.
El resto se invertirá en políticas que fomenten la inclusión social y se distribuirá en tres acciones distintas. En primer lugar, a las actuaciones de atención inicial y acogida en el sistema, que el año pasado recibieron a 6.928 personas. En segundo, al mantenimiento de recursos de acogida y alojamiento alternativo, con 10 usuarios en 2023. Y, por último, a los programas de integración social y laboral: por un lado, al ‘Programa de orientación y asesoramiento de inserción laboral de jóvenes en situación de riesgo’, en el que participaron el año pasado 51 personas; y, por otro, al ‘Programa Operativo de Inclusión Social y de Economía Social’, con 2.699 inscritos en 2023.
De este modo, esta subvención directa trata de hacer frente a la exclusión social desde dos sectores distintos: el de la protección a la infancia a través de la reintegración social de los jóvenes infractores y el de la inclusión social, bien desde el punto de vista de poner a disposición de las familias recursos básicos o alojamiento bien ofreciéndoles formación para integrarse en el mercado laboral.