Cualquier decisión no consensuada sobre financiación autonómica podría afectar a la calidad de los servicios públicos de Castilla y León
Imagen de la presentación de la Revista Jurídica de CyL. /Jta.
Una de las últimas propuestas del Gobierno de España, que podría agudizar las desigualdades entre comunidades autónomas y sus ciudadanos, consiste en el cambio en el modelo de distribución de los ingresos tributarios de la banca. Esta modificación podría suponer que las comunidades autónomas más ricas mejoren su financiación a costa de los territorios con un menor PIB, como es el caso de la región.
La financiación de las comunidades autónomas encierra una realidad que afecta directa e individualmente a todos los ciudadanos y a la economía de todas las familias. Esta materia está íntimamente relacionada con dos principios esenciales en un Estado social y democrático de derecho: el de igualdad y el de solidaridad entre territorios, y su modificación arbitraria o interesada puede acarrear consecuencias dañinas en el ámbito de la cohesión territorial, al detraer recursos de las comunidades autónomas que más lo necesitan para asignárselos a las más privilegiadas.
La financiación autonómica, por su importancia y su protagonismo en la actualidad política, se ha convertido en uno de los principales temas de debate en el panorama nacional, tanto en el plano público institucional como en los medios de comunicación o entre ciudadanos preocupados por cómo afectarán las decisiones políticas sobre este ámbito a su vida diaria. Por este motivo, y visto el interés despertado en todos los sectores de la sociedad, la Consejería de la Presidencia ha publicado hoy un número monográfico extraordinario de la Revista Jurídica de Castilla y León que lleva por título 'Los desafíos ante la reforma de la financiación autonómica' y en el que han colaborado siete autores con sus contribuciones, siempre bajo el rigor y la libertad de pensamiento y expresión que requiere el debate académico.
El consejero de la Presidencia, Luis Miguel González Gago, ha presentado esta mañana este número extraordinario en compañía de los autores que han participado en la redacción de sus diferentes artículos: expertos de reconocido prestigio que coinciden en definir como un problema la huida del principio de solidaridad y el peligro, desde el punto de vista constitucional, de establecer excepciones en el sistema de financiación autonómica.
Como ha señalado González Gago, “esta es una cuestión marcada, actualmente, por condicionamientos políticos”. El consejero ha traído a colación el último de los capítulos conocidos en la serie de negociaciones entre diferentes fuerzas políticas estatales: la búsqueda de un acuerdo en relación a la tributación especial a los ingresos de la banca: unos ingresos que se pretende distribuir entre las diferentes comunidades autónomas, pero no en función de los criterios de financiación comúnmente aceptados, sino en proporción al Producto Interior Bruto de cada comunidad, lo que puede suponer que algunas de estas comunidades mejoren su financiación respecto a lo que debería corresponderles, mientras que otras verán reducida la cantidad ingresada, rompiendo una vez más con el principio de solidaridad interterritorial.
Este nuevo anuncio viene a sumarse a otros pactos firmados, como la condonación de deuda o la cesión de la gestión tributaria, que quiebran también la solidaridad entre territorios.
Como ya ha reafirmado en continuas ocasiones el presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, todas las cuestiones que afecten al modelo de financiación autonómica no pueden ser objeto de negociaciones bilaterales entre el Gobierno de España y una comunidad autónoma, sino que, en aras de promover la participación de todos los territorios y la transparencia en el debate, estas han de ser debidamente tratadas en la Conferencia de Presidentes y en el seno del Consejo de Política Fiscal y Financiera. Así se lo trasladó directamente Fernández Mañueco al presidente del Gobierno en su reunión de la semana pasada.