Estas son las diez medidas que plantea Castilla y León para simplificar la PAC

La consejera de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, María González Corral, ha expuesto hoy al Consejo Agrario de Castilla y León una propuesta remitida al Ministerio de Agricultura con una decena de medidas para tratar de simplificar el actual Plan Estratégico de la PAC.

Durante el Consejo Agrario, González Corral ha recordado a los representantes de las Organizaciones Profesionales Agrarias (Opas) que el presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, tal y como se comprometió, trasladó las principales reivindicaciones del campo de Castilla y León al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en la reunión bilateral que mantuvieron el pasado 22 de noviembre. Entre ellas, precisamente, la necesidad de una PAC adaptada a la agricultura profesional de Castilla y León, además de la apuesta por el regadío o la exigencia de fondos para compensar los daños causados por el lobo.

Para avanzar en el compromiso de intentar mejorar el actual Plan Estratégico de la PAC, la consejera de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural ha remitido, la semana pasada, una carta al ministro para reclamar que se rebajen las exigencias del primer pilar de la PAC y las explotaciones puedan simplificar su gestión, cuestiones que también se expondrán hoy en el marco de la Conferencia Sectorial. “Hay que tener en cuenta que ya dependen de numerosas variables externas, por lo que es necesario evitar complejidades adicionales desde la administración”, ha indicado González Corral.

Simplificar la PAC

La decena de medidas planteadas por la Junta para reducir la carga administrativa tienen que ver con reforzar la figura del agricultor profesional, con normas más claras para efectuar los controles de condicionalidad de tal forma que se alcance una gestión más eficiente de las explotaciones. En otras, se propone introducir aclaraciones relacionadas con las Buenas Condiciones Agrarias y Medioambientales de la condicionalidad reforzada de la PAC; que a las explotaciones con cultivos de secano y regadío no se las exija el cumplimiento de las condiciones por separado, si no que se tenga en cuenta el conjunto de la explotación, o que se recupere la ayuda asociada a las oleaginosas. Además, y en relación con los pagos de la PAC, la consejera ha reiterado el compromiso de la Junta para abonar antes de que finalice el año el 90% de los saldos de las ayudas directas.

50.000 hectáreas de regadío pendientes de fondos

En materia de regadío, la consejera ha indicado que el actual Plan Hidrológico del Duero 2022-27 “no responde a las necesidades de Castilla y León como expuso Fernández Mañueco a Pedro Sánchez ya que es imprescindible incrementar la capacidad de regulación en la cuenca del Duero, la peor regulada de las grandes cuencas”.

En este sentido, González Corral ve necesario aumentar la superficie de nuevos regadíos y que el Gobierno concrete su apoyo financiero para ejecutar 50.000 hectáreas que ya tienen los planes de modernización aprobados. En lo que respecta a la Junta, este año se van a adjudicar obras por valor de 86 millones de euros para modernizar 21.225 hectáreas.

Balance de gestión

En su intervención en el Consejo Agrario, la consejera de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural ha hecho un balance de sus actuaciones en los últimos meses que, en materia de sanidad animal, ha supuesto la adopción de todas las medidas de flexibilización del Plan Nacional de Erradicación de la Tuberculosis Bovina, la habilitación de veterinarios, la adjudicación del nuevo plan de vigilancia de las enfermedades o la coordinación con otras comunidades para facilitar los movimientos por la lengua azul. Respecto a la EHE, la Junta ha concedido ayudas a todas las explotaciones afectadas en 2023 y ha ejecutado un primer pago de 2024. En total, 16,8 millones.

En el balance también cabe destacar la presentación del Plan Estratégico de la Industria Agroalimentaria que contempla 438 millones hasta 2028; la convocatoria de distintas líneas de ayudas como las de acuicultura (10,9 millones) o las de Transición Justa para pequeñas y medianas industrias ubicadas en zonas de montaña (17,9 millones), o la resolución en octubre de la última convocatoria de ayudas de incorporación de jóvenes y modernización por valor de 90 millones de euros. Además, en esta legislatura se han iniciado obras de infraestructura rural en más de 70.000 hectáreas.