Al parecer, el trabajador no ingresaba los pagos en metálico que realizaban los usuarios en la cuenta del Ayuntamiento. El PP pide la dimisión del concejal de deportes, Manu Salvador.
Un trabajador del Ayuntamiento de Soria podría haber estado no ingresando periódicamente, como era su función, los pagos que los usuarios hacen por usar las instalaciones del San Andrés. Una apropiación ilícita que podría haberse producido durante todo 2024 y parte de 2023 y por la que se habrían restado a las cuentas municipales cerca de 100.000€.
Esa es la hipótesis de la que se hace eco el grupo parlamentario popular en un vídeo remitido a la prensa en la cual su portavoz, Belén Izquierdo, analiza “el último desastre que hemos conocido de este ayuntamiento”.
Estos hechos, “según parece y supuestamente, recalca la líder popular, habrían supuesto el inicio de un expediente disciplinario del trabajador con la consecuente suspensión de empleo y sueldo. Todo después de que el 29 de noviembre un representante del equipo de gobierno, acompañado por la Policía Local y los técnicos municipales se presentase en las instalaciones para hacer las investigaciones pertinentes.
El alcalde de Soria ha confirmado esta mañana que hay un expediente que es “confidencial” y del que no ha podido dar más detalles por dicha confidencialidad y por “respetar los derechos de los trabajadores”. Mínguez si ha afeado al Partido Popular que asegure haberse enterado por la prensa (la noticia fue publicada inicialmente por Heraldo-Diario de Soria) cuando desde el equipo de gobierno se habían expuesto previamente los hechos a los portavoces de los dos grupos municipales de la oposición.
Belén Izquierdo señala que este hecho es “muy grave” pues se juega “con el dinero de todos los sorianos” y lo califica como “el último desastre de este Ayuntamiento”, en alusión a anteriores denuncias de su grupo en materia de personal. El PP pide la dimisión del concejal de deportes por la “falta de control y de gestión” en su departamento y por una “dejación de funciones” en materia de vigilancia.
Consideran en el PP que este asunto también salpica al departamento de persona, por no vigilar las funciones de los empleados públicos, al de hacienda, por no tener un control efectivo de los ingresos que se producen en tesorería, y a la alcaldía que “quiere organizar casas ajenas cuando ni siquiera tiene en orden la suya propia”.