Mañueco exige un modelo de financiación autonómica que se negocie de forma multilateral y rechaza la condonación de la deuda como solución

El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, ha participado hoy en la XXVII Conferencia de Presidentes, celebrada en Santander, donde se ha mostrado decepcionado ante la falta de compromiso por parte del jefe del Ejecutivo central para abordar, desde el diálogo y la colaboración con todas las comunidades autónomas, la falta de profesionales médicos; facilitar el acceso a la vivienda; luchar contra la inmigración ilegal y aplicar una financiación justa e igualitaria. Son cuatro cuestiones estratégicas para el interés de las personas de la Comunidad y del resto de España.

Financiación autonómica justa e igualitaria

Frente a los privilegios para un determinado territorio y el anuncio del presidente del Gobierno de España de condonar la deuda como solución, Fernández Mañueco, ha insistido en la necesidad de que el Ejecutivo central aplique un modelo de financiación autonómica justo e igualitario para todas las comunidades autónomas, como defiende Castilla y León, y que es fundamental para garantizar la igualdad entre los españoles y la convivencia dentro del sistema democrático.

Este modelo de financiación autonómica debe ser fruto de una negociación multilateral en el Consejo de Política Fiscal y Financiera, que cuente con la participación de todas las comunidades autónomas, buscando el máximo consenso y respetando los pilares de solidaridad, igualdad y cohesión territorial. Una financiación que sirva para sufragar el coste real de los servicios públicos como la sanidad, la educación, la vivienda y los servicios sociales, en todo el territorio.

Del mismo modo, el presidente del Ejecutuvo autonómico ha incidido en que se debe abordar la financiación local, con el objetivo de garantizar la suficiencia financiera y la equidad en los servicios que prestan las administraciones locales.

Acceso a la vivienda

El presidente de la Junta de Castilla y León ha recriminado la falta de inversiones y la aplicación de una legislación eficaz por parte del Gobierno de España que garantice el acceso a la vivienda, y ofrezca seguridad jurídica a los propietarios para combatir la ocupación, con una fiscalidad moderada y reduciendo cargas burocráticas.

Entre otras cuestiones, ha pedido que el Ejecutivo central ponga suelo estatal y viviendas de la SAREB a disposición de las comunidades autónomas, con el objetivo de que puedan rehabilitarlas e incorporarlas a su parque público; y, también, la derogación de la ley 12/2030 que, a su juicio, perjudica a propietarios e inquilinos.

Se trata de un problema que debe solucionarse a través de la participación de todas las administraciones y de la iniciativa privada. En este sentido, Fernández Mañueco ha señalado que la Junta de Castilla y León continuará implantando medidas eficaces, como la ampliación del parque público de alquiler, con el objetivo de llegar a las 4.200 viviendas; la construcción de vivienda destinada a la venta con un 20% de descuento para jóvenes; y otras ayudas y beneficios fiscales para la compra, el alquiler y la rehabilitación, sobre todo a los jóvenes y al medio rural.

Falta de médicos

Dentro de un marco de colaboración con todas las comunidades autónomas, Fernández Mañueco ha urgido al Ejecutivo central a que adopte medidas para abordar el problema de Estado que supone la falta de profesionales sanitarios en el Sistema Nacional de Salud.

Entre otras actuaciones, es fundamental la ampliación de las plazas de formación; garantizar las de especialistas y Medicina Familiar y Comunitaria que se precisen; agilizar la homologación de profesionales extracomunitarios; implantar el programa formativo de la especialidad de Urgencias y Emergencias; y que el Gobierno de España rectifique su decisión de desmantelar MUFACE.

Fernández Mañueco ha indicado que, por su parte, la Junta de Castilla y León ha mejorado la plantilla de profesionales, las plazas de formación y la fidelización de residentes.

Política migratoria

Respecto a la gestión migratoria, que es una competencia nacional, el presidente de la Junta de Castilla y León ha reivindicado al Gobierno de España una política integral, común, planificada, coherente y coordinada con todas las comunidades autónomas, que permita un control de las fronteras y fomente la inmigración regular vinculada al empleo, a través de la dotación de más recursos y una financiación adecuada.

En lo que se refiere a esta materia, ha asegurado que Castilla y León es una tierra de acogida y que, cumpliendo con sus compromisos de solidaridad con otras comunidades autónomas, ha incrementado desde 2021 un 260% las plazas para atender a menores no acompañados.