“¿Qué necesidad hay de hablar de la nacionalidad de los detenidos?”

En lo que llevamos de año, en el espacio de fiesta de la calle Rota de Calatañazor, popularmente conocida como La Zona de Soria, la Policía Nacional ha realizado 50 controles de seguridad ciudadana. En ellos se han identificado a 382 personas, realizado 182 denuncias por consumo o tenencia de sustancias ilícitas, algunas dentro de los propios locales, 13 denuncias más por portar o exhibir armas prohibidas y otras 25 por desobediencia a la autoridad.

Son los datos que ofrece el subdelegado del Gobierno a Soria Noticias y que demuestran “que la Policía actúa”. Así responden Miguel Latorre a quienes le critican por “mirar para otro lado” por sus declaraciones solicitando la colaboración de los locales de la Zona. Explica que en estas zonas “muchas situaciones (de inseguridad) tienen que ver con lo que ocurre dentro de los locales”.

Latorre señala que pedir la colaboración de los dueños de los locales no es “escurrirse la responsabilidad” sino hacer caso a los protocolos y considera que sus declaraciones se han “tergiversado”. El subdelegado recomienda a los críticos leerse el plan de adicciones de la Junta de Castilla y León o el plan nacional contra la drogadicción donde claramente se establece que “la solución a una zona de conflicto no solo es policial”.

Por ello, Latorre habla de “colaboración publico privada”, de “implicación de los hosteleros” y de un trabajo de “educación y concienciación”. Además, recuerda el subdelegado, tanto la ciudad como la provincia de Soria son de las más seguras de España “por debajo de la media nacionalidad de criminalidad, aunque en ocasiones y en determinadas áreas se puedan dar estos eventos por varios factores”.

El subdelegado defiende que “la policía actual, peor no solo es ella quien debe hacerlo” y lamenta que desde la oposición “se escuchen campanas y se lancen al aire medias verdades”. Recuerda, además que “la sensación de seguridad puede ser subjetiva” pero que esta no viene amparada por los datos de seguridad.

“La nacionalidad es un dato que nunca se ha usado para nada”

En paralelo a esa conversación social y política, se desarrolla una sobre la nacionalidad de los delincuentes. El grupo municipal del Ayuntamiento de Soria pidió conocer esos datos y Latorre se cuestiona “porqué vamos a hablar de nacionalidad si a nadie le preguntan por su religión o por su orientación sexual”.

Para el subdelegado no existe relación entre inmigración y delincuencia y pedir conocer la nacionalidad de los detenidos es como preguntar “si llevaba zapatos o zapatillas”. Considera Latorre que estos datos solo se solicitan para realizar una “interpretación torticera” y para “utilizarlos como hace la ultraderecha” vinculando el incremento de la delincuencia a la inmigración “cuando no es verdad”.

“El único dato que tiene que conocer la ciudadanía es que la población inmigrante se ha incrementado en Soria y que los delitos han disminuido en el primer cuatrimestre”, señala Latorre. “¿Qué necesidad hay (de hablar de la nacional de los delincuentes)?”, insiste el subdelegado quien no ve sentido a este debate.

El subdelegado señala que los datos sobre la nacionalidad de los delincuentes “nunca se han utilizado para nada” y se preguntan si lo próximo será pedir “la religión o la condición sexual de los detenidos”. Latorre afea al PP confundir sanciones administrativas, que hay cientos al año en Soria, con delitos que “afortunadamente hay muy pocos”.

Preguntado por si la omisión de los datos sobre la nacionalidad se decide en Soria o en Madrid o por criterios policiales o políticos, Latorre considera que ni siquiera es un dato sobre el que haya que decidir y que en las comunicaciones oficiales del Gobierno de España aporta “los datos que tienen alguna importancia bien para la resolución de un caso o para informar a la ciudadanía”.

Cámaras en los pueblos

Preguntado por la propuesta de algunos municipios de la provincia de instalar cámaras de seguridad, Miguel Latorre aclara que él no está en contra, pero que se deben ajustar a la normativa, que el proyecto debería ser impulsado por la Diputación y guardar un equilibrio entre el coste de las cámaras y su eficacia.

“Nosotros tenemos nuestros medios de seguridad”, señala Latorre, en referencia a la Guardia Civil, cuando se le pregunta si tiene intención de aceptar la solicitud de los alcaldes del Valle, por ejemplo. “Están pidiendo nosecuantísimas cámaras”, señala y considera que en este caso se podría solucionar con una cámara en cada extremo del Valle. “No te tienes que gastar un dineral y con una cámara en Tera y otra en el puerto tienes controlado todo el Vallle… a no ser que el problema lo tengas dentro del pueblo…”, señala.

En cualquier caso, insiste, “yo nunca me he mostrado contrario a instalar cámaras” porque cree que “disuasoriamente podrían funcionar” e incluso “facilitar el trabajo de la Guardia Civil”. Pese a ello insiste en que “debería hacerse desde el ámbito provincial y con un proyecto pilotado por la Diputación”, como sucede en otras provincias vecines.

En cualquier caso, recuerda que hay una ley orgánica de 1997 donde se establecen los requisitos para instalar cámaras de videovigilancia. Además, ese proyecto, que asegura que hasta ahora no se le ha presentado, debería “buscar un equilibrio entre el coste y la eficacia de la medida”.