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La Justicia insiste: la Quinta Planta es ilegal y debe ser demolida

La Justicia insiste: la Quinta Planta es ilegal y debe ser demolida

Actualizado 22/01/2025 13:19

El Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León ratifica la sentencia del Juzgado de lo Contencioso de Soria. Considera que esa planta se levantó con "el claro fin y propósito de destinarla a uso residencial". El Partido Popular pide la dimisión de Luis Rey y amenaza al equipo de gobierno con la vía penal: "Se están moviendo en terrenos pantanosos".

Las dos sentencias del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León son contundentes, declaran ilegal la quinta planta de Domus y ordenan su demolición. Además, ratifican la sanción de 150.000 euros impuesta a la empresa promotora por infracción grave. La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Alto Tribunal ha desestimado los recursos impuestos por la constructora contra las sentencias del Juzgado de lo Contencioso de Soria y a Domus solo le queda ya la posibilidad de explorar la vía del Supremo, pues tiene la posibilidad de interponer un recurso de Casación en los próximos 30 días.

El TSJ ratifica que la quinta planta "no aparece contemplada ni en el proyecto básico, ni en la licencia, ni en el estudio de detalle ni en el PGOU de Soria" y añade que "además se ha elevado la altura máxima permitida de 13 a 16 metros, aumentando la superficie edificable". Además, considera que esa planta se levantó con "el claro fin y propósito de destinarla a uso residencial". Para el juez, la mención a las instalación de placas solares para salvar la construcción es solo "una estrategia para eludir la demolición con la esperanza de que se apruebe la modificación puntual 32 del PGOU de Soria". Así pues, cree el tribunal que Domus incurre en "un claro fraude de ley".

El Partido Popular ha celebrado una decisión judicial que les da la razón en lo que "llevamos denunciando desde 2023". Belén Izquierdo, portavoz del grupo municipal popular, denuncia que "no hay interpretaciones ni matices" y Domus "ha jugado con las normas al amparo del Ayuntamiento". Para ella, esta sensencia constata la "falta de escrúpulos" con la que han actuado, materializando una "chapuza" contraria al ordenamiento vigente "jugando con la legalidad y la inteligencia de los sorianos".

Izquierdo ha pedido la dimisión "inmediata" del concejal de Urbanismo, Luis Rey, y exige al alcalde que explique "quién se ha beneficiado de esto". Ha lanzado un aviso al equipo de gobierno asegurando que "no vamos a permitir que jueguen con los tiempos ni que pasen página sin más porque Soria necesita politicos que gobiernen para su gente y no para intereses ocultos".

Por su parte, Saturnino de Gregorio ha pedido cautela al equipo de Martínez Mínguez. Les ha advertido de que "se están moviendo en terrenos pantanosos" y no ha descartado "estudiar la vía penal" cuando se ha hecho mención a la licencia de primera ocupación que todavía esperan los vecinos que ya residen en sus viviendas del edifio de Domus. Asegura que "están ocupando en precario" porque "es imposible que esta se conceda al no coincidir lo construido con el proyecto técnico".

La respuesta del Ayuntamiento

Javier Muñoz ha sido el encargado de trasladar a los medios la reacción del Consistorio a las sentencias del TSJ. Expresa que el respeto a la sentencia es "absoluto y total" y confirma que el Ayuntamiento "hará cumplir la ley". No obstante, ha recordado que fue el Consistorio soriano el que "inició dos procedimientos de restitución de la legalidad y sanción económica".

Defiende la postura de la casa cuando dio el visto bueno al mantenimiento de la quinta planta para instalar placas solares: "Los técnicos vieron una posible salida en cuando a la no demolición, pero teníamos claro que no se le podía dar un uso residencial".

Muñoz pide "perdón" a los vecinos afectados por este tema y promete "dar pasos con pies de plomo" para que lo que queda por resolver no cause mayores perjuicios. Asegura que "no tardando" tendrán la licencia de primera ocupación" y pide paciencia para comprobar el resultado de la modificación puntual 32 del PGOU.

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