El PP responde al equipo de gobierno: “La chapuza de la quinta planta no puede quedar sin consecuencias políticas” 

El Partido Popular insiste en reclamar consecuencias políticas por la “chapuza” de la quinta planta del edificio Pajaritos 2. Lo hacía en la jornada de hoy avalado por unos correos entre la empresa DOMUS y un posible comprador donde la constructora, ya en noviembre de 2021, hablaba de conversaciones con el consistorio para aumentar la edificabilidad del edificio y se mostraba “pendiente del Ayuntamiento”.

Ello fue un año antes de que el asunto diera el salto a la opinión pública. Previamente, el 9 de mayo de 2022 un informe de la policía local ya advertía de que no se estaba cumpliendo con la licencia de urbanización. Por todo ello, el Partido Popular se muestra indignado por las palabras del portavoz socialista Javier Antón, diciendo que no tenían constancia del tema hasta octubre de 2022.

El PP critica ese, al menos, medio años de inacción, porque “estaba claro que esa quinta planta iba a tener un uso de vivienda” y el consistorio no actuó hasta que el asunto salió a la luz pública y se anunció su judicialización. “No pueden decir que no tenían conocimiento”, protesta Saturnino de Gregorio quien ha encabezado la oposición en este tema, primero desde Ciudadanos y ahora desde el Partido Popular.

De Gregorio ofrecía hoy una nueva rueda de prensa acompañado de la líder del grupo, Belén Izquierdo, quien calificaba el asunto como una “chapuza” que “no debe quedarse sin consecuencias”. La popular señala que “no puede ser que tengamos ya dos sentencias clara, rotundas y contundentes, que demuestran que el Ayuntamiento ha errado por todos los lados y que la quinta planta es ilegal y aquí no pase nada”.

Por ello, Belén Izquierdo exige, “al menos”, la dimisión del concejal de urbanismo Luís Rey. Porque considera demostrado que la empresa construyó esa planta extra con el “parabién” del consistorio y “sin licencia de ningún tipo”. La portavoz de la oposición recuerda que esas conversaciones “al más alto nivel político y técnico” fueron reconocidas por la empresa en su recurso de reposición.

Con todo, Izquierdo es prudente a la hora de calificar la actuación del equipo de gobierno y evita acusaciones más graves. “Vamos a ver cómo acaba este tema y veremos los pasos que hay que dar”, señala al ser preguntada por la prensa sobre posibles delitos por parte de los políticos o técnicos de la casa. Señala que “hay que tener muy claro” antes de interponer una denuncia por la vía penal porque “las demandas no se pueden poner a lo loco”.

Desde el PP señalan que han estado en contacto con las familias afectadas y que les preocupa su situación. Aun así, aclaran que no hay familias en la calle, solo compradores a los que se les vendió una cosa y se les ha entregado otra, siendo esto responsabilidad de la empresa. Además, consideran que “no podemos legalizar algo ilegal porque supone abrir un melón”.