Reportaje SN: El debate sobre la financiación local, el gran olvidado

Cualquier relación humana está condicionada por el dinero. Nos guste o no. Para bien o para mal. Es cierto que, en las relaciones personales, el tiempo juega un papel esperanzador a la hora de igualarnos a todos, pero en las relaciones sociales el dinero es el rey. Qué trabajo realizas, si vas o no a esa boda o dónde comerás este sábado son decisiones claramente influenciadas por este ‘poderoso caballero’.

En la política, el dinero lo cubre -algunos dirán lo emponzoña- todo. Siempre se ha dicho que son los presupuestos los que demuestran la verdadera voluntad de un ejecutivo. Su herramienta más poderosa para transformar la sociedad: el dinero público. Pero más allá de las cuentas anuales que recogen inversiones, proyectos y compromisos (y que analizaremos en las próximas páginas) hay un dinero que se mueve entre administraciones (que sale de sus impuestos y los míos, conviene no olvidarlo nunca) y que es mucho más estable, más estructural, más callado: la financiación.

La financiación (es decir, quién recauda el dinero público y quién, cómo y para qué se lo gasta) es un debate tan tectónico que pocas veces sale a la superficie. La negociación del PSOE con ERC para hacer a Salvador Illa presidente de la Generalitat ha puesto sobre la mesa el debate de la financiación autonómica. Comunidades y Gobierno discuten los criterios con los que repartir el dinero público y cada uno trata de acercar la ascua a su sardina. Sardinas como la población, la despoblación, la recaudación, la extensión, el envejecimiento, la dispersión, el Producto Interior Bruto…, todas ellas tan legítimas como incompatibles.

Y cada vez que se abre el melón de la financiación autonómica, hay otras administraciones que levantan la mano, preguntando cuándo les toca a ellas. Se trata de las administraciones locales, a saber, ayuntamientos y diputaciones. Son las más cercanas al ciudadano y su acción es la que más afecta en el día a día. Por eso, en más de una ocasión asumen competencias que no son suyas, aunque su músculo económico no puede compararse con los ejecutivos autonómicos o nacional y su capacidad para generar ingresos vía impuestos es limitada, por no decir nula en el caso de las diputaciones. Hoy abordamos los ingresos, la gestión y los servicios del Ayuntamiento y de la Diputación de Soria y conocemos sus peticiones y reivindicaciones en esta materia. Hoy abordamos la financiación de las administraciones locales.

Competencias

Son competencias propias de los ayuntamientos servicios básicos como la luz, el agua o las basuras y otros comunes como el saneamiento, el mantenimiento de calles y carreteras o los parques y jardines públicos. En el caso de los municipios más pequeños, estas acaban recayendo directamente en las diputaciones pues los costes impiden que cada pueblo los pueda prestar de manera independiente.

“Los ayuntamientos somos las administraciones más cercanas al ciudadano y a quien primero acuden los vecinos para reclamarnos sus necesidades, sea o no nuestras competencias”, explica Javier Muñoz, concejal de Hacienda del Ayuntamiento de Soria. Sucede, por ejemplo, con la oferta cultural y deportiva que, prácticamente, la totalidad de los consistorios impulsan pese a no ser competencia suya (es autonómica) y a no tener una vía directa para financiarla. “Muchas veces son demandas directas de los ciudadanos”, señala Muñoz, que explica que estas actuaciones se programan para generar “actividad social y económica” en el municipio.

El diputado provincial José Antonio de Miguel pone el foco en la duplicidad de servicios y en la más que necesaria aclaración de quién es el responsable de qué competencias. Señala como ejemplo una de sus responsabilidades en Diputación, la de los bomberos. “En Soria, el Estado tiene la Brif de Lubia y la Junta las brigadas forestales que ahora ya están todo el año”. Pero a mayores, ayuntamientos y Diputación “tenemos que tener nuestros propios parques de bomberos para hacer frente a los incendios urbanos”, señala. Algo que califica de “una auténtica locura” y que “ocurre en muchos otros ámbitos”, generando duplicidades, sobrecostes y, en casos extremos como se ha visto en Valencia, ineficiencia.

Regulación

“La segunda descentralización es algo absolutamente necesario que, al menos en Castilla y León, no se ha hecho”, relata el veterano De Miguel. El que fuera alcalde de Almazán recuerda que desde los tiempos de Aznar se habla de una nueva ordenación del territorio en la autonomía y de una ley de bases del régimen local más clara.

Luego aparecen las conocidas como competencias derivadas, aquellas en las que la comunidad autónoma delega la prestación de un servicio de su competencia en los ayuntamientos. Lo hace mediante los convenios marco que, denuncia Javier Muñoz, “aportan unas cantidades que se quedan muy lejos, aproximadamente en la mitad, del coste real de los servicios”.

Estos acuerdos bilaterales cada vez son más comunes y tienen más volumen. Aunque existen otros como los que se firman para gestionar las instalaciones deportivas, el principal es el que aborda unos servicios sociales en plena expansión. El edil responsable de las cuentas en el Ayuntamiento señala que solo la prestación del servicio de ayuda a domicilio genera en las arcas municipales un agujero anual cercano al millón de euros. A ello habría que sumar guarderías, aulas de la tercera edad…

Territorio

Recortar servicios y derechos no se plantea como una opción ni por parte de los políticos ni de la ciudadanía, por lo que las administraciones locales deben pelear y poner el foco en los ingresos económicos. La mayoría del caudal que dedican a los servicios públicos (excluimos inversiones reales) proviene de la participación en los tributos del Estado.

Muñoz lamenta que estas transferencias dependan de lo recaudado en ese territorio, porque “en la mayoría de ocasiones no solo es insuficiente, sino que también genera incertidumbre porque lo recaudado puede descender, por ejemplo, durante una recesión, mientras que los costes suelen mantenerse o ir al alta”. Por ello, exige una financiación acorde a los servicios que se prestan y no a lo que se recauda.

En una línea similar, De Miguel pide que las diputaciones “tengan un suelo de financiación” y que la transferencia no vaya en función de la población, sin tener en cuenta otro criterio como es el territorio. “Nosotros prestamos servicios a 512 núcleos de población, más de 10.000 km2, tenemos 2.000 kilómetros de carreteras provinciales…”, enumera recordando que “no solo hay que atender a las personas, sino también al territorio”.

Financiación

Aumentar la participación en los tributos del Estado no solo parece la vía más lógica, es que en el caso de las diputaciones es la única posible porque ellas no pueden cobrar impuestos. Solo tasas (basuras, aguas…) que recaudan ayuntamientos y/o diputaciones, y que la ley impide que sean mayores al coste real de prestación del servicio, por lo que no sirven para financiar otros servicios. Leyes, por cierto, que atan en corto a las administraciones locales en materia de endeudamiento.

Los ayuntamientos sí pueden cobrar impuestos. Unos “muy vistosos” como son el IBI o el de circulación, pero que en cuanto a cuantía son mucho menores de los que ingresa el Estado. Impuestos, apunta Muñoz, “que gravan al que posee”, mientras que los estatales los paga todo el mundo. Así, un soriano medio que pague 600€ al año de IBI e impuesto de circulación, fácilmente superará esa cantidad cada mes en su aportación a las cuentas del Estado contando simplemente con la retención del IRPF en su nómina (entre un 20 y un 45% en la mayoría de los casos), y lo que pague en concepto de IVA (el 21% de la mayoría de los productos o servicios).

¿Solución?

Así las cosas, y aun teniendo en cuenta que el Estado debe pagar pensiones o infraestructuras y las comunidades autónomas la sanidad y la educación, el concejal Javier Muñoz señala lo “curioso” que resulta que el Ayuntamiento de Soria ingrese prácticamente el doble por los impuestos directos que cobra a los vecinos que lo que recibe del Estado.

Algunos ayuntamientos tienen la suerte de contar con aprovechamientos cinegéticos, maderables o la instalación de un parque solar o eólico, señala el diputado provincial José Antonio De Miguel, pero suelen ser los más pequeños en cuanto a población. “Para la mayoría, con los recursos ordinarios, son las transferencias corrientes, es a todas luces insuficiente”, lamenta.

Con esos ingresos, muchas veces se antoja imposible “prestar los servicios de calidad que se demandan en 2025 y a los que tienen derecho también los sorianos”, recuerda De Miguel. Por eso, como cada vez que se abre el debate sobre la financiación de las administraciones públicas en España, ayuntamientos y diputaciones levantan la mano preguntándose si esta vez se abordarán sus necesidades. “Estamos infrafinanciados, es a todas luces insuficiente”, resume De Miguel. Mientras, Muñoz pide llegar a un punto “donde se nos reconozcan los servicios que ya prestamos y podamos tener certeza económica para seguir prestándolos”.