Los ataques de lobo en Soria se disparan con 98 cabezas de ganado muertas durante 2024

Los datos sobre ataques de lobos a la ganadería en Castilla y León durante 2024 confirman una tendencia alarmante. Según el análisis realizado por la Junta y las Organizaciones Profesionales Agrarias, el pasado año se registraron 5.985 cabezas de ganado muertas certificadas por ataques de lobo y 430 heridas, alcanzando una cifra récord en la comunidad.

Este balance representa un incremento del 40% respecto a 2021, año en que el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico incorporó al lobo al Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial (LESPRE). Esta decisión impidió a las comunidades autónomas gestionar la especie al norte del Duero, donde la Directiva Europea lo permitía anteriormente, y realizar controles poblacionales por daños a la ganadería en toda la región, incluso en el sur del Duero donde antes se permitían controles excepcionales.

Los 3.973 ataques registrados en 2024 evidencian un aumento del 47% en comparación con las cifras de 2021, afectando principalmente al ganado vacuno, que representa el 50% de las bajas con 2.963 reses. Las provincias más afectadas en este sector son Ávila (1.210), Segovia (657) y Zamora (415). En Soria el registro alcanza en este capítulo a 4 cabezas.

El ganado ovino ocupa el segundo lugar con el 42% de las pérdidas (2.523 animales), distribuidos principalmente entre Zamora (663), Salamanca (520) y Burgos (499). En Soria las bajas en esta cabaña ascienden a 89.

El equino, con 295 animales muertos, representa el 5% de las bajas, concentrándose en la cordillera Cantábrica, especialmente en Burgos (135), León (61) y Palencia (48). Aquí no ha sido constatada ninguna muerte por esta causa en Soria.

El ganado caprino es el menos afectado, con apenas un 2% del total (135 bajas), con 5 provincia soriana.

Ávila lidera el ranking de daños con 1.525 reses muertas y 37 heridas, lo que supone el 25% del total regional. Le siguen Zamora (1.108 animales muertos, 19%) y Segovia (868 reses, 15%). Destaca especialmente el caso de Burgos, que ha multiplicado por ocho los daños desde 2021, pasando de 85 a 813 animales muertos, representando ahora el 14% de los daños totales. En la provincia de Soria los animales muertos de diferentes cabañas suben hasta los 98.

El coste económico de estos ataques ha obligado a la administración regional a destinar 4,8 millones de euros en indemnizaciones durante 2024, de los cuales 3,8 millones corresponden a pagos compensatorios y un millón a responsabilidad patrimonial por ejecución de sentencias de daños.

La normativa aprobada en 2023 ha permitido compensar los daños al norte del Duero con carácter retroactivo desde septiembre de 2021, incorporando mejoras como el incremento de baremos mediante gastos fijos a la gestión del siniestro, compensación por animales heridos o eutanasiados, inclusión del lucro cesante e indemnización por perros de custodia fallecidos. Además, contempla una compensación adicional del 10% para ganaderos que hayan implementado medidas preventivas.

Medidas preventivas y seguimiento

Para mejorar la gestión de esta problemática, la Junta ha implementado diversas líneas de trabajo. En 2023 puso en marcha una asistencia técnica que ha formado a más de 1.000 profesionales y ha prestado apoyo en cerca de 150 siniestros. Recientemente ha publicado un manual de peritación de ataques que incluye un protocolo para su inspección, constituyendo una herramienta esencial para la evaluación rigurosa y uniforme de incidentes.

En cuanto a la prevención, la administración regional ha identificado explotaciones prioritarias por daños, realizando un estudio que reveló que en torno al 10% de las explotaciones se concentra el 53% de los ataques. Tras visitas in situ para verificar las medidas preventivas adecuadas, se han aprobado proyectos de inversión por 3,1 millones de euros para 68 explotaciones que incluyen la construcción de 78 cerramientos (58 fijos y 20 móviles) para 45 explotaciones de vacuno, 14 de ovino, una de caprino y 8 mixtas.

Adicionalmente, con cargo al Plan Estratégico de la PAC 2023-2027, la Consejería de Medio Ambiente ha programado una intervención para la compatibilidad entre explotaciones ganaderas y conservación de grandes carnívoros, con un importe de 1.750.000 euros en ayudas que se pondrán en marcha a finales de 2025 o principios de 2026.

Situación del lobo en la Comunidad

El censo de lobo ibérico realizado entre 2022 y 2023 confirma la expansión de la especie, con 193 manadas censadas frente a las 179 del periodo 2012-2013, lo que supone un incremento del 8%. Destaca el aumento al sur del Duero, con 35 manadas que representan ya el 18% de los lobos de Castilla y León, frente al 15% de hace una década o el 11% de hace veinte años.

Esta expansión ha permitido la recolonización y asentamiento de manadas en comunidades limítrofes al sur del Sistema Central, como Castilla-La Mancha, Madrid o Extremadura, con densidades en el parque nacional de la Sierra de Guadarrama similares a las observadas en Picos de Europa. También es relevante la recuperación de la especie en la Tierra de Pinares (Segovia-Valladolid) y el reasentamiento de al menos cuatro manadas en La Demanda burgalesa y en la sierra soriana de Urbión, en el límite con La Rioja.

Con esta información, la Junta remitió al MITECO en enero el informe sexenal del lobo, concluyendo que el estado de conservación de la especie es favorable para las regiones biogeográficas atlántica y mediterránea en el sexenio 2019-2024. El informe incluye más de 14.000 indicios georreferenciados, demostrando el rigor del censo realizado.

Contexto europeo

Mientras tanto, Europa avanza hacia una flexibilización del régimen jurídico del lobo. El 20 de diciembre de 2023, la Comisión Europea presentó una propuesta para modificar el estatus de protección del lobo en el marco del Convenio de Berna, que fue adoptada por el Consejo el 26 de septiembre de 2024, con España e Irlanda como únicos países que votaron en contra.

La iniciativa propuso trasladar al lobo del Anexo II al Anexo III del Convenio, cambiando su categoría de 'especie de fauna estrictamente protegida' a 'especie de fauna protegida', en respuesta al aumento de la población europea, que prácticamente se ha duplicado en una década (de 11.193 ejemplares en 2012 a 20.300 en 2023).

El Comité de Berna aprobó esta reducción del nivel de protección en su sesión celebrada del 2 al 6 de diciembre de 2024, y el cambio entró en vigor tres meses después. El 7 de marzo, la Comisión Europea presentó su propuesta para adaptar la Directiva Hábitats a esta nueva situación.

Sin embargo, España, que es uno de los países más afectados por la sobreprotección del lobo, no se beneficiará de esta medida al mantener el Gobierno su negativa a retirar a esta especie del LESPRE, a pesar de la evidencia del impacto negativo sobre el sector ganadero y del favorable estado de conservación de la especie.