El PP recrudece su oposición a Carlos Martínez ante su "falta de gestión" en el Ayuntamiento

El grupo municipal del Partido Popular en el Ayuntamiento de Soria parece haber apretado el acelerador en su labor de oposición al equipo de gobierno municipal. A punto de entrar en la segunda mitad de la legislatura y coincidiendo con la marcha en diferido de Carlos Martínez Mínguez a la política de Castilla y León, el PP intensifica sus denuncias de la "mala gestión" del equipo de gobierno socialista.

En las últimas dos semanas el PP ha convocado hasta en cuatro ocasiones a los medios, una actividad que contrasta con la estrategia de las legislaturas pasadas. La quinta planta y las sentencias del TSJ, la incapacidad del equipo de gobierno para renovar la Relación de Puestos de Trabajo, la falta de intención de actualizar el Plan General de Ordenación Urbano, la falta de control sobre la labor de algunos de los trabajadores que podrían llevar meses agenciándose dinero público, el troceamiento de contratos, el cuestionamiento de algunos técnicos municipales, la pérdida de un piso propiedad municipal… son algunos de los asuntos que el PP ha denunciado públicamente, y en ocasiones también en los juzgados, en los últimos meses.

Algunos de sus ediles elevan el tono y hablan de un "cortijo" o "sistema clientelar" instaurado por el PSOE en Soria, mientras otros se centran más en la parte técnica y la líder Belén Izquierdo asegura querer continuar liderando el proyecto para ser la próxima alcaldesa de Soria. Por el camino, varias peticiones de dimisión al concejal de urbanismo, Luis Rey, otra en ciernes hacia el de Hacienda, Javier Muñoz, críticas por su incapacidad al concejal de personal, Eder García, y muchos requerimientos al propio alcalde para que asuma su responsabilidad política.

En la rueda de prensa de esta mañana, como decíamos la cuarta desde el pasado día 13, han sido Saturnino de Gregorio y Belén Izquierdo los que han denunciado que el consistorio está dejando de ingresar entre 500.000€ y 1.000.0000€ al año en concepto de ocupación del subsuelo. Se trata de la ordenanza fiscal 41 que regula la ocupación del espacio público por parte de empresas que suministran servicios como gas, electricidad, telefonía fija y otros medios de comunicación.

Un impuesto que se sitúa en el 1,5% de los ingresos brutos que facturan dichas empresas, tanto distribuidoras como comercializadoras, en la ciudad de Soria. Y un impuesto que debe ser acreditado trimestralmente y liquidado en igual plazo por las empresas. Según ha explicado el PP, el grupo ha solicitado en comisión por escrito en varias ocasiones el desglose de los ingresos por este concepto, que rondan el millón de euros en los últimos ejercicios.

El PP quiere el desglose de las cantidades porque supone que la cantidad está muy por debajo de lo que se debería ingresar. Explica que solo aparece una empresa de electricidad y otra de telefonía y que hay más de 50 que operan en Soria. El PP cree que esos importes son "incipientes" y que las empresas se están librando de pagar por la "nula tarea de control" del equipo de gobierno.

El PP pide así explicaciones al concejal de Hacienda, Javier Muñoz, y avanza que si no son convincentes pedirá su dimisión. "Un alcalde a media jornada y un concejal de hacienda que acumula cargos tiene como consecuencias el descuido de los sorianos y de sus bolsillos", lamentan. Señalan que por culpa de la "mala gestión" luego el Ayuntamiento "sube el IBI a todos los sorianos" de tal forma que son los vecinos de la capital los que pagan la "incapacidad" del equipo de gobierno.

Respuesta municipal

El propio concejal de Hacienda ha respondido inmediatamente al PP mediante un vídeo remitido por el departamento de prensa del consistorio. En él, Javier Muñoz lamenta que se cuestione "el trabajo de los técnicos de este ayuntamiento" y acusa al PP de tratar de "amedrentarlos". Señala que las propuestas en positivo del PP "brillan por su ausencia" y que la oposición solo busca "el barro".

Para Muñoz el resumen de la rueda de prensa del PP es que "no se fía de los técnicos de este ayuntamiento ni de las empresas de esta ciudad". Sobre el fondo del asunto, señala que la liquidación se hace con arreglo a los datos que remiten las empresas y que "entendemos que ese trabajo está totalmente correcto".