Castilla y León regula los servicios de bomberos para garantizar una respuesta homogénea ante emergencias
Un casco de bomberos. /PC
La Junta establece un marco normativo para homogeneizar los servicios de emergencias en toda la Comunidad, otorgando carácter de agente de autoridad a los bomberos y definiendo las competencias entre municipios y diputaciones según el número de habitantes
En su sesión de hoy, el Consejo de Gobierno de la Junta de Castilla y León ha aprobado el anteproyecto de ley que establece la ordenación y coordinación de los servicios de prevención, extinción de incendios y salvamento en la Comunidad. La nueva normativa busca asegurar una respuesta eficiente ante situaciones de emergencia, siguiendo los estándares europeos y nacionales.
El texto legal define estos servicios como esenciales dentro del sistema de protección civil, otorgando a su personal el carácter de agente de autoridad. Los municipios con más de 20.000 habitantes deberán prestar obligatoriamente este servicio, mientras que en localidades menores será voluntario o asumido por las diputaciones provinciales.
La Junta de Castilla y León asume la coordinación en la planificación y establece criterios para la ubicación estratégica de parques de bomberos en todo el territorio autonómico. Además, el anteproyecto contempla la creación de una Comisión de Coordinación como órgano consultivo y un registro unificado de estos servicios.
En cuanto al personal, la normativa estructura los cuerpos y categorías profesionales, regula los sistemas de acceso mediante oposición o concurso-oposición, y establece bases comunes de selección con medidas específicas para promover la igualdad de género. El texto también reconoce derechos como la formación continua, equipamiento adecuado y seguro de vida.
El anteproyecto, que se estructura en 56 artículos, dos disposiciones adicionales, cuatro transitorias y cuatro derogatorias, incluye además un régimen disciplinario que tipifica faltas leves, graves y muy graves con sus correspondientes sanciones. La normativa contempla también la figura del personal colaborador, que incluye voluntarios y personal de empresas privadas bajo la dirección del servicio público.
