Castilla y León invierte 4,8 M€ en el programa para garantizar una vivienda a personas vulnerables a través de las entidades sociales

Durante la mañana de este viernes, el consejero de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio de la Junta de Castilla y León, Juan Carlos Suárez-Quiñones, ha inaugurado las II Jornadas de Exclusión Residencial que se celebra en la sede del Consejo Económico y Social (CES) con Cáritas, Cruz Roja, Fundación Intras y Fundación Personas para evaluar los resultados del programa de alquiler para personas vulnerables, puesta en marcha en 2023.

Esta inicitiva, enmarcada en el Real Decreto 42/2022, de 18 de enero, se configura como una herramienta esencial dentro de las políticas de protección social de la Junta, proporcionando alternativas de vivienda digna a colectivos en riesgo de exclusión social y garantizando una cobertura adaptada a sus necesidades individuales.

Entre los principales objetivos del programa se encuentran:

• Garantizar soluciones habitacionales inmediatas para personas en situación de vulnerabilidad, priorizando viviendas en régimen de alquiler, cesión de uso u otros modelos temporales.
• Ofrecer soluciones habitacionales excepcionales y provisionales en caso de indisponibilidad de viviendas adecuadas.
• Establecer ayudas de hasta 600 euros mensuales para el pago de la vivienda y una prestación adicional de hasta 200 euros para gastos básicos.
• Permitir una concesión directa de la ayuda por un periodo máximo de cinco años para garantizar su acceso ágil y eficiente.
• Contar con un seguimiento social continuo a cargo de los Servicios Sociales para evaluar la situación de los beneficiarios y su progreso.

Hasta el momento, la Junta ha formalizado acuerdos con diversas entidades sin ánimo de lucro para la concesión directa de ayudas, con una inversión total de 4.845.475 euros, destacando la colaboración con Cruz Roja Española, Cáritas Castilla y León, Fundación INTRAS, Fundación Personas y Fundación Juntos por una Sonrisa, entidades encargadas de que lleguen a los colectivos diana y se cumpla el fin que es objeto de las mismas.

Durante la jornada, Suárez-Quiñones ha subrayado la importancia de este tipo de iniciativas para garantizar el acceso a una vivienda digna y adecuada en condiciones de igualdad y combatir la exclusión social: “Este programa supone un paso fundamental en la protección de las personas en situación de especial vulnerabilidad, asegurando respuestas ágiles y adaptadas a las necesidades de cada beneficiario”.

Con la implementación de esta acción, la Junta de Castilla y León refuerza su compromiso con los principios de justicia social e igualdad de oportunidades, promoviendo una sociedad más inclusiva y cohesionada.

Política de vivienda de la Junta

El consejero también ha repasado las muchas actuaciones que la Junta de Castilla y León lleva a cabo en materia de vivienda, con más de 750 millones de euros en la legislatura. Dentro de estas actuaciones, cabe destacar las ayudas al alquiler; para rehabilitación energética y accesibilidad, o el incremento del parque público de alquiler social por su relación con el ámbito de la vulnerabilidad.

Dentro del programa de ayudas al alquiler se incluye también el apartado de arrendatarios en situación de vulnerabilidad sobrevenida, cuyo objetivo es proteger a quienes han visto mermados sus fuentes de ingresos hasta el punto de no poder atender el pago de su renta.

Por su parte, las ayudas a la rehabilitación energética y a la accesibilidad también permiten a las familias con escasos recursos mejorar su calidad de vida con el ahorro en su factura energética y mejorar sus condiciones de accesibilidad en sus viviendas.

El parque público de alquiler social, que ha alcanzado ya más de 3.000 viviendas frente a las poco más de 2.000 que había en 2019, y que se verá incrementado hasta las 4.700 en el año 2027, es otro instrumento clave para dar cobertura social a la demanda de vivienda en situaciones de vulnerabilidad.