Asden relaciona el vertido del verano de 2022 en El Burgo de Osma con la muerte de al menos 365 truchas

El día 29 de marzo de 2025 se ha iniciado la temporada de pesca de la trucha en la provincia de Soria, y Asden Ecologistas en Acción considera que "será de interés, en especial para los pescadores, conocer las consecuencias derivadas del vertido de aguas residuales del verano de 2022 al río Ucero que es uno de los ríos trucheros más emblemáticos de la provincia y de toda Castilla y León".

En un comunicado remitido a los medios informan de que el 31/07/2022 un vertido al río Ucero, originado en el colector de aguas y en el aliviadero de la depuradora, produjo la muerte de un gran número de peces de varias especies. Tales hechos fueron constatados ese día, gracias el aviso de un pescador, por los agentes medioambientales de la Junta de Castilla y León, que actuaron identificando el punto de vertido, tomando muestras de agua, avisando a otras autoridades con competencias y a los responsables de la depuradora, y dejando constancia en las correspondientes actas y denuncias; y además cogieron los cadáveres de los peces a los que tenían acceso, que fueron sólo una parte de los que se murieron.

Al hacerse públicos los vertidos, la asociación ASDEN-Ecologistas en Acción presentó los correspondientes escritos ante la Confederación Hidrográfica del Duero (CHD), la Consejería de Medio Ambiente de la JCyL y el Ayuntamiento de El Burgo de Osma para personarse como parte interesada como organización ambiental.

Asden afea que "el Ayuntamiento no ha contestado a los escritos ecologistas, y seguramente no ha trasladado la posible responsabilidad a quién tenía la obligación de controlar y mantener los colectores en buen estado".

El expediente la Confederación sancionó el 11/10/2023, más de un año después, al Ayuntamiento con 6.000€ por una infracción leve por un “vertido de aguas residuales debido a un atasco entre el aliviadero y la planta de depuración en el río Ucero en T.M de El Burgo de Osma”. En el expediente se observan varias anomalías, como es el de no respetar los derechos de ASDEN como parte interesada, ni tampoco considerar el agravante de que los vertidos venían de antes y se siguieron produciendo, como así lo constató la JCyL con el informe emitido por los agentes medioambientales de la Junta de CyL el 19/10/2023. Esto, según critican los ecologistas, "demuestra el escaso interés del Ayuntamiento del Burgo por solucionar los problemas del colector" al incumplir el requerimiento de la Confederación de “cesar inmediatamente el vertido no autorizado y cumplir con el condicionado de la autorización”.

Por otro lado el Servicio Territorial de Medio Ambiente de la JCyL "trasladó la denuncia a la Confederación tres meses después del vertido, tardó seis días en analizar las muestras y no inició el expediente hasta el 27/12/2023 (un año y 6 meses después) gracias a que ASDEN le escribió unas semanas antes recordándole que no había resuelto el expediente", refiere este comunicado.

Aún así; la administración "hizo una serie de absurdos requerimientos para considerar a la organización ecologista como parte interesada". Finalmente la Asociación consiguió recibir copia de la denuncia de los Agentes y otros documentos entre los que estaba el informe de la Sección de Espacios Naturales que indicaba que tal vertido supuso una infracción a la Ley de Pesca y a las leyes autonómicas y estatales de Patrimonio Natural y Biodiversidad. Esta última recoge en su artículo 80.1. a: “..la realización de vertidos, tanto líquidos como de sólido,…., que alteren las condiciones de los ecosistemas con daño para los valores en ellos contenidos. Del propio modo, tendrán la consideración de infracción la comisión de los hechos anteriormente mencionados aún cuando no se hubieran producido daños, siempre que hubiera existido un riesgo serio de alteración de las condiciones de los ecosistemas”

Este informe deja constancia de los peces muertos identificados por los agentes y su tasación de acuerdo a lo establecido por la Ley de Pesca correspondiente a 365 truchas y 310 ejemplares de las especies gobio, cachos, bogas y piscardos.

La tasación de daños por la muerte de los peces fue de 12.602,70 €, "no pudiendo contabilizar como daños los 72 peces que no fueron identificados ni recogidos, ni otra gran cantidad de alevines de varias especies que ni siquiera se pudieron cuantificar porque los agentes no tenían medios para acceder a los mismos". Otros daños al hábitat tampoco fueron identificados y valorados, "como es la presencia de plásticos y residuos no biodegradables cuyo coste de retirada se debería haber valorado, así como el deterioro del hábitat y daño a la fauna invertebrada durante varios días o semanas por la acumulación en el fondo y sobre la vegetación de materia orgánica", añaden.

La propuesta de sanción realizada por el Servicio Territorial fue de 3000.1€ (la cantidad mínima) por una infracción grave que se ha podido reducir hasta los 1.800€ por pronto pago; y una indemnización por los daños y perjuicios causados que se fija en la cantidad de 12.602,70€; en total: 14.402,70€ como mínimo.

ASDEN-Ecologistas en Acción saca como conclusión que "los servicios de vigilancia y denuncia de vertidos por parte de la JCyL y de la Confederación del Duero carecen de personal, de medios, organización y de criterios de prioridad en el tema de vertidos frente a otros temas, tanto en campo como en tareas administrativas, e incluso de interés cuando el autor es una persona o entidad con relevancia económica o política".

Hay que destacar que la personalización ecologista en los expedientes abiertos por la JCyL y la CH. del Duero "permite que la ciudadanía pueda conocer el resultado y detalles de los vertidos y su sanción". También sirve para que "las administraciones se vean forzadas a ser más rigurosas en su tramitación; algo que no siempre se consigue".

"Este tipo de hechos debería ser divulgado directamente por las administraciones, al menos en los casos más graves y significativos, con la obligada omisión de ciertos datos, como elemento de concienciación ambiental, generando confianza en el funcionamiento de los servicios de vigilancia y sanción de las administraciones, al igual que pasa en temas de caza, de tráfico, etc. que sí son divulgados", concluyen los ecologistas.