El sindicato exige medidas urgentes tras la concentración celebrada en repulsa por el asesinato de una trabajadora social en Badajoz, recordando que hace años se eliminó la presencia policial en las instalaciones de Acción Social.
La concentración del pasado 14 de marzo reunió en Soria a numerosos profesionales de los Servicios Sociales para mostrar su repulsa por el asesinato de Belén Cortés, trabajadora social fallecida mientras desempeñaba sus funciones en un piso tutelado de Badajoz. Este trágico suceso ha vuelto a poner sobre la mesa las carencias de seguridad que afectan a estos profesionales.
USO ha recordado que en enero de 2016, tras un incidente con un policía local que custodiaba la casa consistorial, ya calificó la situación como "especialmente preocupante en las instalaciones de Acción Social". Poco después, el servicio de custodia que proporcionaba la presencia intermitente de un agente fue eliminado por el mismo equipo de gobierno municipal que continúa actualmente en el Ayuntamiento.
Los participantes en la protesta, mayoritariamente mujeres que trabajan en este sector, solicitaron mayor protección laboral, denunciando tanto amenazas a su seguridad como otras problemáticas del sector: inestabilidad, precariedad y peligrosidad en el desempeño de sus funciones.
El sindicato señala que, sin estigmatizar a los usuarios de estos servicios, no se puede ignorar la complejidad y riesgo que implica la atención de situaciones personales complicadas. A diferencia de otros colectivos como los sanitarios del Sacyl, estos profesionales no cuentan con la calificación de autoridad pública que les proporcionaría mayor protección.
Además, la organización sindical ha denunciado que el Consistorio ha ignorado las alertas detectadas en la evaluación de riesgos psicosociales realizada hace cuatro años, de cuyas medidas correctoras "nunca más se supo" pese a la insistencia sindical. "Sale más barato no hacer nada y dejarse caer cuando toca en concentraciones de repulsa", afirman.
Ante esta situación, el sindicato ha solicitado una reunión urgente con todos los actores implicados para abordar los protocolos y la evaluación de riesgos del personal municipal del ámbito social, así como las medidas de seguridad actuales, con el objetivo de garantizar que estos empleados puedan "ejercer sus obligaciones profesionales con garantías de su más elemental seguridad personal".