Vox alega contra la nueva tasa de basuras por carecer de informe económico completo
En la formación aluden a que el Ayuntamiento se ampara en que "es una personalización del pago", pero solo es "una excusa para colar una nueva subida de las tarifas al ciudadano".
El grupo municipal de Vox ha presentado alegaciones contra la ordenanza que regula la nueva tasa de residuos del Ayuntamiento de Soria, cuestionando tanto la ausencia de un estudio técnico-económico completo como los criterios elegidos para determinar las cuotas individuales.
La formación política considera que los parámetros establecidos en la nueva normativa no cumplen con el principio europeo de "quien contamina paga" y no incentivan la reducción en la generación de desechos entre los vecinos.
Las reclamaciones se han presentado durante el periodo de exposición pública del acuerdo provisional aprobado en el pleno municipal de febrero y publicado posteriormente en el Boletín Oficial de la Provincia el día 26 del mismo mes.
La modificación de esta ordenanza fiscal responde a la necesidad de adaptarse a las nuevas normativas estatales y europeas sobre la materia, especialmente la ley 7/2022 de residuos y suelos contaminados para una economía circular. Esta regulación busca alcanzar los objetivos establecidos en las directivas europeas 2008/98/CE y 2018/851, orientadas a reducir la cantidad de desechos generados y mejorar su gestión.
Falta de estudio económico completo
La primera de las alegaciones presentadas por Vox señala la ausencia de un estudio técnico económico completo. Para la concejal Sara López, el acuerdo plenario "no ha contado con un informe económico adecuado que tenga en cuenta todos los costes del servicio de basuras y los rendimientos que se esperan obtener".
Por parte de la formación han indicado que la propuesta debe ir acompañada de un informe técnico que contemple todos los factores económicos, "también la responsabilidad ampliada del productor, las actividades de concienciación ciudadana, el mantenimiento de los vertederos, etc."
Las alegaciones de Vox citan diversa jurisprudencia respecto a la exigencia de informes económicos motivados para el establecimiento tanto de precios públicos como de prestaciones patrimoniales de carácter no tributario, categoría en la que se enmarca la nueva ordenanza soriana.
Criterios inadecuados para el cálculo de la tasa
Otro punto fundamental de las impugnaciones se refiere a los dos únicos parámetros elegidos para determinar el importe: el tamaño y la localización del inmueble. La nueva ordenanza establece que los inmuebles residenciales pagarán según su superficie, mientras que los locales comerciales tributarán en función de su ubicación.
En Vox argumentan que estos criterios no se adaptan al comportamiento ciudadano en cuanto a la generación de residuos. "El principio de quien contamina paga es el eje de toda la nueva regulación, sin embargo, esta nueva tasa municipal no considera diferencia alguna entre el comportamiento particular de las personas o actividades económicas usuarias", señala López.
"La nueva ordenanza no funciona como estímulo para fomentar el incremento de la responsabilidad ciudadana ni en la generación, ni en la separación de residuos. Pagar más solo por el tamaño de la vivienda no fomenta el reciclaje", añade.
Según la nueva normativa municipal, las viviendas pagarán entre 45 y 72 euros, mientras que los locales comerciales y otros inmuebles de uso empresarial abonarán entre 150 y 840 euros.
Los representantes de Vox, que ya calificaron la medida como "basurazo" en febrero, insisten en que se trata de una subida injustificada: "Dicen que es una personalización del pago, pero solo es una excusa para colar una nueva subida de las tarifas al ciudadano".