Castilla y León amplía los beneficiarios y simplifica los trámites para las ayudas a trabajadores en ERTE
La Consejería de Industria, Comercio y Empleo ha modificado las bases reguladoras de las ayudas destinadas a trabajadores afectados por ERTE en Castilla y León. Los cambios publicados hoy en el Bocyl amplían el número de beneficiarios y reducen la burocracia para acceder a estas subvenciones.
La finalidad de estos apoyos es compensar la pérdida de poder adquisitivo de los trabajadores de la Comunidad afectados por expedientes de suspensión temporal de empleo o de reducción de jornada. Con las modificaciones introducidas, la Junta pretende llegar a un mayor número de trabajadores de forma más ágil y justa.
Entre las principales novedades destaca la inclusión como beneficiarios de aquellos trabajadores en ERTE a raíz de una resolución judicial adoptada en un procedimiento concursal, colectivo que hasta ahora quedaba excluido de estas ayudas.
Además, se elimina la limitación que dejaba fuera a empleados de empresas con plantillas de más de un millar de trabajadores, asegurando que el tamaño de la compañía no sea un obstáculo para recibir apoyo económico.
La modificación establece una cuantía fija de 10 euros por jornada completa de suspensión hasta un límite de 300 jornadas, eliminando la graduación económica anterior para garantizar un reparto más equitativo.
En cuanto a la simplificación administrativa, las nuevas bases suprimen la obligación de presentar el certificado de empresa cuando el trabajador ya esté recibiendo la prestación por desempleo, así como la exigencia de aportar las últimas cuatro nóminas.
Para acceder a estas subvenciones, los trabajadores deben haber estado afectados por la suspensión o reducción de jornada durante al menos 10 días dentro del periodo subvencionable, y su base de cotización por contingencias comunes no debe superar los 4.000 euros mensuales.
También podrán beneficiarse los trabajadores con contrato indefinido fijo discontinuo cuya actividad haya finalizado antes de lo previsto, aquellos cuyos contratos hayan sido interrumpidos, y los que estando en periodo de inactividad productiva sufran un retraso en la fecha de su reincorporación efectiva.