La Junta planea una macroincineradora para toda la basura de Castilla y León

La Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León ha propuesto a diputaciones provinciales, consorcios de residuos y ayuntamientos de varias provincias la firma de un convenio para construir una única planta de valorización que incinere los residuos domésticos de toda la Comunidad. Según el borrador del documento, al que ha tenido acceso Ecologistas en Acción, la instalación tendría capacidad para procesar al menos 350.000 toneladas anuales, pudiendo llegar hasta medio millón de toneladas al año.

Se trataría de una infraestructura de dimensiones superiores a la incineradora de Valdemingómez en Madrid, que generaría un intenso tráfico de camiones transportando desechos desde todos los puntos de la región. La organización ecologista advierte que este modelo contradice las directrices europeas que priorizan la reducción, reutilización y reciclaje de residuos frente a su incineración.

El proyecto sería gestionado por la Sociedad Pública de Infraestructuras y Medio Ambiente de Castilla y León (SOMACYL), entidad dirigida por José Manuel Jiménez Blázquez, actual Director General de Infraestructuras y Sostenibilidad Ambiental de la Junta, y que según los ecologistas se caracteriza por su "opacidad laboral y contractual".

Las condiciones del convenio obligarían a las entidades locales a entregar al menos el 90% del rechazo resultante del tratamiento de sus residuos municipales, con un coste de 90 euros por tonelada. El documento contempla penalizaciones económicas para aquellos municipios que no alcancen la cantidad mínima comprometida, y tendría una duración de cuarenta años desde el inicio del funcionamiento de la planta, previsto para 2029.

Según Ecologistas en Acción, esta propuesta supone "un giro de 180 grados" en la gestión actual de los residuos municipales en Castilla y León, que la Consejería de Medio Ambiente habría intentado ocultar hasta la firma del convenio, prevista para finales de abril. La organización denuncia que se trata de una iniciativa no contemplada en el Plan Regional de Residuos de 2014, cuya revisión fue anulada recientemente por el Tribunal Supremo.

Para los ecologistas, la obligación de entregar una cantidad mínima y constante de residuos durante cuatro décadas impedirá avanzar en la reducción, reutilización y reciclaje, perpetuando el incumplimiento de los objetivos establecidos por la legislación europea y española. Califican la actuación de la Junta como "un comportamiento mafioso" que suprimiría "de facto la autonomía municipal" en una materia de competencia esencialmente local.

El principal problema que señala la organización ecologista son las emisiones de contaminantes tóxicos que generaría la incineradora, incluyendo metales pesados, hidrocarburos aromáticos policíclicos, dioxinas y furanos, que pasarían a las personas por inhalación e ingestión de alimentos contaminados.

Ecologistas en Acción cita un estudio del Centro Nacional de Epidemiología de 2013 que concluye que las incineradoras de residuos domésticos en España provocan "un notable incremento del riesgo de tumores en la pleura y la vesícula en hombres y en el estómago en mujeres".

La organización también señala que la recogida selectiva de residuos domésticos en Castilla y León apenas alcanzó el 16% en 2022, según datos del Ministerio para la Transición Ecológica, mientras que la preparación para la reutilización y el reciclado solo llegó al 36%, muy por debajo del objetivo legal mínimo del 50%.

Como antesala de este plan regional, el Consejo de Medio Ambiente, Urbanismo y Ordenación del Territorio de Castilla y León aprobará mañana la autorización ambiental para la que sería la primera incineradora de residuos municipales de la Comunidad, promovida por el Ayuntamiento de Burgos en el Ecoparque de Cortes.

Según denuncia Ecologistas en Acción, esta instalación ha sido presentada bajo la denominación de "Remodelación del Centro de Tratamiento de Residuos de Cortes", cuando en realidad se trata de una incineradora que quemaría 35.000 toneladas anuales de basura procedente del contenedor gris, más de la mitad de los residuos producidos en la ciudad de Burgos.

La planta se ubicaría a un kilómetro del barrio de Cortes, a 700 metros del núcleo de Cardeñadijo y a menos de tres kilómetros de Cardeñajimeno y de la propia ciudad de Burgos. Además de las emisiones contaminantes, generaría hasta 10.000 toneladas anuales de cenizas y escorias consideradas residuos peligrosos.

Ante esta situación, Ecologistas en Acción reclama a la Junta de Castilla y León la retirada de su propuesta y exige que cualquier solución a la gestión de residuos municipales se enmarque en la elaboración participativa de un nuevo Plan Regional de Residuos que cumpla con la vigente Ley de Residuos y Suelos Contaminados para una Economía Circular y las directrices europeas.

Asimismo, la organización pide a las entidades locales que "no cedan a la extorsión" del consejero de Medio Ambiente, Juan Carlos Suárez-Quiñones, y mantengan el control sobre la gestión de los residuos domésticos, apostando por políticas de reducción y reciclaje en lugar de comprometer durante décadas la capacidad decisoria de las corporaciones locales.