Castilla y León exige igualdad frente a los aranceles: "No aceptaremos privilegios para los separatistas"

La tensión entre el Gobierno central y las comunidades autónomas vuelve otra vez ante la inminente aplicación de aranceles por parte de Estados Unidos. El consejero de Economía y Hacienda de Castilla y León, Carlos Fernández Carriedo, ha lanzado hoy un claro mensaje al Ejecutivo de Pedro Sánchez, exigiendo igualdad de trato para todas las regiones y advirtiendo sobre posibles privilegios a Cataluña a cambio de apoyo parlamentario.

"Nuestra voluntad siempre es buscar el consenso y el acuerdo con el gobierno, con la unidad de acción de la Unión Europea", ha comenzado afirmando Fernández Carriedo a su llegada al Consejo Interterritorial de Internacionalización en Madrid. Sin embargo, el tono conciliador ha dado paso rápidamente a una advertencia: "Es verdad que si se confirma el acuerdo entre Junts y el gobierno por el cual un porcentaje de los fondos se destina a satisfacer los intereses de los separatistas en perjuicio del resto de los españoles, nos pone muy difícil la tarea que tenemos por delante".

El también portavoz de la Junta de Castilla y León ha sido contundente al señalar que su administración defiende la igualdad entre territorios, en lo que parece una clara referencia a las negociaciones entre el Gobierno central y Junts para garantizar la gobernabilidad. "Nosotros somos partidarios de la igualdad, nunca de los privilegios, y nunca somos partidarios de que unos españoles tengan más privilegios o más derechos que el resto de los españoles", ha subrayado con firmeza.

La reunión del Consejo Interterritorial llega en un momento de incertidumbre para la economía española, con sectores estratégicos amenazados por los aranceles estadounidenses. En este contexto, Fernández Carriedo ha planteado tres demandas concretas que Castilla y León llevará a la mesa de negociación.

En primer lugar, el consejero ha solicitado que "los aranceles que se van a cobrar por parte de la UE y que pagaremos el conjunto de los españoles, sirva para invertirse en proyectos de competitividad de los sectores productivos más afectados". Esta medida buscaría mitigar el impacto económico en las industrias más vulnerables ante la nueva política arancelaria.

Como segunda propuesta, Fernández Carriedo ha abogado por "crear bonificaciones en las cuotas de seguridad social y en el impuesto de sociedades para que nuestras empresas puedan competir en el exterior". Esta medida fiscal pretende aliviar la carga tributaria de las empresas exportadoras en un momento de especial dificultad para el comercio internacional.

Finalmente, el consejero castellanoleonés ha destacado la necesidad de priorizar la competitividad como eje central de cualquier estrategia. "No podemos exportar sin reforzar las bases de nuestra competitividad", ha afirmado, para luego enfatizar la importancia de desarrollar infraestructuras energéticas y las vinculadas al corredor Atlántico.

"Son esenciales para reducir costes, para dar sentido a nuestra cadena de valor de los productos y para competir en las mejores condiciones posibles en los mercados internacionales", ha explicado, subrayando que "en un contexto de aranceles es muy importante reducir costes y es muy importante elevar el rango de calidad y de innovación de nuestros productos".

El mensaje del consejero refleja la preocupación de las comunidades gobernadas por el Partido Popular ante posibles tratos de favor a Cataluña en la distribución de recursos para afrontar la crisis arancelaria. La referencia a un supuesto acuerdo entre el Gobierno y Junts evidencia las tensiones políticas que subyacen en la gestión de esta crisis económica.

El Consejo Interterritorial de Internacionalización se presenta así como un escenario de confrontación política, donde las comunidades autónomas buscarán garantías de equidad en el reparto de fondos y medidas de apoyo frente a los aranceles estadounidenses.

La postura de Castilla y León, expresada por Fernández Carriedo, pone de manifiesto la necesidad de un plan nacional consensuado que proteja a los sectores productivos más vulnerables, independientemente de su ubicación geográfica, y que refuerce la competitividad de la economía española en su conjunto frente a los nuevos desafíos del comercio internacional.