Las Cortes regionales dictaminan ampliar el polígono industrial de Almazán a propuesta sorianista

La Comisión de Medio Ambiente de las Cortes regionales ha dado luz verde a la iniciativa de Soria Ya para que la Junta colabore con el Ayuntamiento adnamantino en la ampliación del polígono La Dehesa. La propuesta ha contado con el apoyo de PSOE, Vox y Unidas Podemos, mientras que el Partido Popular ha optado por la abstención.

El procurador sorianista Juan Antonio Palomar ha defendido esta medida como "imprescindible para garantizar la supervivencia económica y demográfica de una comarca entera". Durante su intervención, ha subrayado que Almazán, segundo municipio más poblado de la provincia con cerca de 5.500 habitantes, cuenta con un polígono industrial de 467.000 metros cuadrados estratégicamente ubicado junto a la autovía A-15.

Palomar ha reclamado una ampliación inmediata de La Dehesa, junto con la reordenación de parcelas existentes y la resolución urgente de los conflictos con la Confederación Hidrográfica del Duero. También ha solicitado una planificación estratégica a diez años, incentivos fiscales y una oficina efectiva de atracción empresarial.

El representante de la formación sorianista ha denunciado que el polígono está colapsado, lo que ha provocado que empresas como una firma de biotecnología hayan renunciado a instalarse en la localidad. También ha mencionado los casos de Pistelli Ingeniería, que ha iniciado la construcción de su planta con una inversión de 1,5 millones y la previsión de 31 empleos, y de Distribuciones Biocientíficas, que ha paralizado su proyecto debido a problemas con la CHD.

Igualmente preocupante es la situación de Sarrio Papelera, que ha planteado una rebaja salarial del 15% a su plantilla, y el proyecto de planta de hidrógeno verde de Green Capital, paralizado por la clasificación de las parcelas como zona de flujo preferente.

Durante el debate, Palomar ha criticado "una política sistemática de abandono" y ha hecho un llamamiento a PSOE y PP para que apliquen las ayudas al funcionamiento para empresas en los máximos autorizados por la Comisión Europea, tanto desde el Gobierno central como desde la Junta.