La vicepresidenta de la Junta reprueba al Gobierno por impedir que las comunidades voten los criterios de reparto de menores no acompañados

El Ministerio de Juventud e Infancia anulaba, durante la reunión de la Conferencia Sectorial de Infancia celebrada este lunes, la votación mediante la cual las comunidades autónomas iban a manifestar su postura ante los criterios de reparto de menores no acompañados previamente aprobados en el Congreso por el Gobierno y sus socios y, precisamente, sin contar con la posición de las comunidades autónomas. La vicepresidenta de la Junta de Castilla y León y consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades, Isabel Blanco, quien ha asistido a dicho encuentro, ha reprobado la actitud del Ejecutivo central al considerar que ha evitado someterse a una derrota.

Tal y como explicaba Isabel Blanco, de entrada, convocar la reunión de manera urgente no tiene sentido alguno, ya que, en primer lugar, la titular del Ministerio competente ya adelantó tal convocatoria hace prácticamente tres semanas —lo cual hace perder ese carácter— y, también, la califican como urgente para utilizarlo como excusa y así no aportar ningún tipo de información: ni los datos que les han remitido todas las comunidades autónomas para que, a partir de ellos, se establezca el número de menores no acompañados que se van a distribuir por cada territorio y, por tanto, ni tal número de menores ni la correspondiente financiación.

Pero, además, relataba la vicepresidenta, a priori, el objetivo del Gobierno de España era que las comunidades autónomas acudieran a la reunión para dar el visto bueno a unos criterios de reparto que ya habían sido previamente aprobados en el Congreso de los Diputados sin contar con ellas. Concretamente, mediante el Real Decreto–Ley 2/2025, de 18 de marzo, por el que se aprueban las medidas urgentes para la garantía del interés superior de la infancia y la adolescencia ante situaciones de contingencias migratorias extraordinarias. Sin embargo, la ministra de Juventud e Infancia anulaba la votación, evitando así una previsible derrota de la posición del Gobierno y sus socios.

La vicepresidenta de la Junta manifestaba salir de la reunión con un alto grado de estupefacción. El Gobierno entendía que no iba a haber unanimidad e impedía la votación, señalaba Blanco, quien ha aseguró que el Ejecutivo central puso varias excusas para esquivar un rechazo. Al final, sentenció, que lejos de buscar el consenso, el Ejecutivo sus criterios para continuar la cesión permanente a sus socios.

En cuanto al propio Real Decreto–Ley, la vicepresidenta y consejera ha recordado que Castilla y León es una de las comunidades que va a presentar recurso de inconstitucionalidad ante lo que se considera una invasión de competencias.