Latorre apela a la colaboración institucional para dignificar las viviendas de la Guardia Civil y asentar población

Miguel Latorre, subdelegado del Gobierno en Soria, ponía el foco en la necesidad de una acción conjunta por parte de las administraciones fuera del ámbito estatal para abordar el estado de las viviendas de las casas cuartel de la Guardia Civil. Según mencionaba este sábado en El Burgo de Osma durante el acto de la fundación de la Benemérita, si bien el Ministerio del Interior tiene en marcha proyectos de mejora de eficiencia energética en cuarteles como los de Gómara, Almazán y Berlanga de Duero, con una inversión cercana a los siete millones de euros, la adecuación de las viviendas para que sean habitables requiere un esfuerzo adicional. Se trata de fijar población de guardias civiles con sus familias en los núcleos rurales.

"Si una de nuestras demandas por parte de todas las instituciones, partidos políticos y entidades de la provincia es intentar fijar población, ahí tenemos unas viviendas públicas que no reúnen en muchos casos las mejores condiciones de habitabilidad". La intención es que se puedan acometer no solo las obras de eficiencia energética como está previsto, sino también la reforma integral de las viviendas, mejorando así la calidad de vida de los agentes y familias. Esta colaboración interadministrativa supondría retener talento y personal en las zonas más despobladas de la provincia.

En otro orden de asuntos, y a preguntas de los periodistas sobre la intención de la Diputación de Soria de instalar cámaras de videovigilancia en los pueblos con el apoyo de la Subdelegación, Latorre detallaba el procedimiento administrativo vigente. El subdelegado aclaró que la institución que encabeza se limita a cumplir con la normativa para la instalación de este tipo de dispositivos. "Cuando los ayuntamientos nos cursan una solicitud a la Subdelegación, pedimos el informe preceptivo a la Guardia Civil, en el caso de la provincia, o a la Policía Nacional, en la capital", explicó.

Posteriormente, la solicitud y los informes se elevan a una comisión de videovigilancia de Castilla y León, compuesta por diversos representantes institucionales, incluyendo la presidenta del Tribunal Superior de Justicia de la región, un representante de la Federación Regional de Municipios y Provincias, y miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Esta comisión es la que evalúa las solicitudes y emite un informe, que según Latorre, "hasta ahora, la gran mayoría de las decisiones que ha adoptado esta comisión han sido negativas".

Finalmente, es la Delegación del Gobierno en Castilla y León quien autoriza o deniega la instalación, basándose en el informe de dicha comisión. Latorre insistió en que "no es una cuestión de llenar la provincia de videocámaras, sino de buscar aquellas localizaciones que pueden ser más efectivas bajo el punto de vista de la prevención del delito".