El futuro judicial de Ángel Hernández, en el aire tras su declaración por presunta autoría de cinco delitos, dos de ellos de violencia de género

El exprocurador socialista soriano en las Cortes de Castilla y León, Ángel Hernández, ha comparecido este miércoles, 4 de junio, ante el juez. Su declaración se enmarca en la audiencia preliminar para determinar si existen fundamentos suficientes para ser procesado como presunto autor de presuntos delitos de violencia de género, coacciones, atentado a la autoridad y lesiones. La Fiscalía mantiene una petición de pena que suma tres años y nueve meses de prisión.

La jornada de hoy ha sido clave para el futuro procesal de Ángel Hernández, quien fuera un destacado político del PSOE en la Comunidad. El expolítico ha acudido al juzgado para participar en la denominada «vistilla», una audiencia preliminar donde se evalúan las pruebas e indicios presentados. El objetivo de esta comparecencia es que la autoridad judicial decida si se archiva el caso o, por el contrario, se abre juicio oral contra Hernández por los hechos que se le imputan.

El caso se remonta a febrero de 2024. Fue entonces cuando el exprocurador fue detenido tras, presuntamente, amenazar y golpear la puerta del domicilio de su entonces pareja sentimental, quien además es agente de la Policía Nacional. Este incidente desencadenó su inmediata detención y el inicio de las diligencias judiciales que hoy continúan.

La Fiscalía considera que existen indicios de la comisión de hasta cinco delitos. En concreto, se le acusa de coacciones y maltrato en el ámbito de la violencia sobre la mujer, un delito de atentado contra agentes de la autoridad y otros dos leves de lesiones. Por todo ello, el ministerio público solicita una pena total de tres años y nueve meses de prisión.

Tras su detención en 2024, Ángel Hernández tomó la decisión de renunciar a todos sus cargos políticos, incluyendo su acta de procurador en las Cortes regionales, y también solicitó la baja como militante del Partido Socialista Obrero Español (PSOE). Estas dimisiones se produjeron de forma casi inmediata tras conocerse la gravedad de los hechos investigados.

Además de la posible pena de prisión, la Fiscalía ha solicitado una indemnización para los agentes de policía que resultaron lesionados durante la intervención que culminó con la detención de Hernández. Como medidas cautelares, el juzgado ya había impuesto al exprocurador la prohibición de acercarse a menos de 300 metros de su expareja, así como el impedimento de establecer cualquier tipo de comunicación con ella por cualquier medio.