Este es el pueblo de Soria donde el teléfono del Ayuntamiento es el de la empresa privada del alcalde

Una situación que podría suponer una irregularidad evidente ha salido a la luz en el Ayuntamiento de Villar del Campo. Así lo ha manifestado en un escrito a este periódico José Jané, quien ha asegurado que el número de teléfono de la empresa constructora del alcalde, David Vera, de signo independiente, figura como el contacto oficial del Consistorio. El número aparece publicado en la página web municipal, en documentos formales e incluso en el Boletín Oficial del Estado, mezclando, "de forma indebida", afirma el denunciante, la esfera pública con la privada.

Esta práctica, que podría constituir un conflicto de intereses, provocará una respuesta ciudadana. Para este julio se ha anunciado el lanzamiento de una campaña de recogida de firmas en la plataforma Change.org. La petición se dirigirá a todos las alcaldías de España con el objetivo de exigir la retirada inmediata del teléfono privado y la restauración de una línea institucional para el Ayuntamiento.

La denuncia señala directamente la "pasividad" de varias administraciones. El remitente critica que el subdelegado del Gobierno en Soria, Miguel Latorre, conoce la situación desde octubre de 2024 sin haber tomado medidas efectivas. El texto de la denuncia cuestiona los motivos de esta inacción y la relaciona con adjudicaciones supuestamente irregulares de obra pública a la empresa del actual regidor durante el mandato anterior, cuando su primo ocupaba la alcaldía.

En contraposición, continúa Jané, el Partido Popular ha mostrado una actitud diferente. La Diputación de Soria, corrigió el dato de contacto en su propia información oficial en cuanto fue alertada. Del mismo modo, la Presidencia de la Junta de Castilla y León ha trasladado el caso a la Delegación Territorial para que sea estudiado, "mostrando una postura proactiva ante la denuncia".

La persistencia de esta anomalía, según el denunciante, tiene graves consecuencias que van más allá de lo administrativo. En su explicación, ello contraviene la Ley de transparencia y podría ser indicio de delitos como tráfico de influencias o prevaricación. A nivel social, "erosiona la confianza de los ciudadanos en sus instituciones", mientras que en el plano empresarial "falsea" la libre competencia al otorgar una ventaja desleal a la empresa del regidor.