Once comunidades se unen para forzar al Gobierno a retirar su polémico mapa de transportes

La Junta de Castilla y León ha manifestado hoy miércoles su más firme rechazo a la implantación del nuevo Mapa Estatal de Transportes, un plan que, según denuncia el gobierno autonómico, supondría la supresión de 474 paradas de autobús en 346 municipios de la Comunidad. La oposición, compartida por otras diez comunidades autónomas, ha obligado al Gobierno de España a retirar este punto del orden del día en la última reunión de directores generales del ramo.

Por parte de la Consejería de Movilidad y Transformación Digital, se ha instado al Ministerio de Transportes a debatir el borrador en la Conferencia Sectorial de Transportes, el órgano de máxima representación, en lugar de optar por “encuentros bilaterales o con imposiciones”. La directora general de Transportes y Logística, Laura Paredes, quien representó a la Junta en la reunión, ha calificado el plan como “un ataque al medio rural al privarle de un servicio básico”.

Según ha detallado Paredes, el nuevo modelo no responde a las necesidades de cohesión y vertebración territorial de Castilla y León. La Junta considera que la reorganización, aunque se presente como una optimización de rutas, se realiza “a costa de suprimir paradas”, un modelo que han calificado de “injusto y similar al que se está implementando en el transporte ferroviario”, donde se eliminan paradas para acortar tiempos de viaje entre grandes ciudades.

Otro de los puntos de fricción es la financiación. El planteamiento del Gobierno de destinar 40 millones de euros para que las comunidades asuman las rutas suprimidas es considerado “insuficiente” por la Junta. Según sus estudios, solo Castilla y León necesitaría 25 millones de euros, mientras que el coste total a nivel nacional ascendería a 123 millones. Además, Paredes ha señalado que “esa financiación sería transitoria y no tendría vocación de continuidad”.

En el marco de la misma reunión, la directora general también solicitó al Ministerio la posibilidad de destinar los remanentes de fondos europeos no ejecutados a actuaciones propias de la Comunidad para avanzar en la digitalización del transporte. Asimismo, se pidió una ampliación de los plazos para la ejecución de proyectos de Sistemas Inteligentes de Transporte (ITS) debido a su alta complejidad técnica, reafirmando el compromiso de la Junta con la modernización del sector.