Las centrales sindicales mayoritarias en la provincia manifiestan su inquietud ante los últimos datos de desempleo. El mes de julio finaliza con 45 personas más en las listas de los servicios públicos de empleo, una cifra que eleva el total a 2.415 parados. Ambas organizaciones coinciden en señalar la temporalidad y la falta de oportunidades como los principales problemas estructurales.
Los datos de desempleo correspondientes al mes de julio, publicados este lunes 4 de agosto, han generado una respuesta inmediata por parte de los sindicatos CCOO y UGT en Soria. La cifra oficial refleja un aumento del paro en 45 personas, lo que supone un incremento del 1,9% respecto al mes anterior. Este ascenso sitúa el número total de desempleados registrados en la provincia en 2.415 personas.
Ambas organizaciones sindicales han analizado las cifras con preocupación, aunque poniendo el foco en diferentes aspectos del problema. Mientras que CCOO enmarca este repunte en la tónica habitual de los meses de verano y exige reformas en la protección contra el despido, UGT advierte de un deterioro más profundo del tejido laboral, evidenciado por la comparativa con la Encuesta de Población Activa (EPA) y la disminución de la población activa.
La lectura compartida es que, más allá de la cifra concreta, el mercado de trabajo soriano sigue mostrando signos de debilidad. La creación de empleo estable y de calidad continúa siendo la principal asignatura pendiente para garantizar el futuro económico y social de la provincia.
Tanto CCOO como UGT coinciden en que el sector servicios es el principal damnificado por este aumento del paro, concentrando la mayor parte de las nuevas personas desempleadas. Desde Comisiones Obreras señalan que este comportamiento es recurrente en los últimos años, con una mención especial a las finalizaciones de contratos en el sector de la enseñanza, tanto reglada como no reglada, una vez concluido el curso académico.
Por su parte, la Unión General de Trabajadores aporta un dato que subraya la inestabilidad: de los 3.064 contratos firmados en julio, el 65,6% fueron de carácter temporal. Esta elevada proporción demuestra, según el sindicato, que la mayoría de los empleos que se crean en Soria no ofrecen expectativas de continuidad. Además, detallan que el 67,4% del desempleo se concentra en servicios, seguido de la industria (14%) y la construcción (5%).
UGT Soria va un paso más allá en su análisis y manifiesta su preocupación por lo que consideran una distorsión en la lectura de las cifras. Advierten de que, si bien el paro registrado aumentó en 45 personas, la Encuesta de Población Activa (EPA) eleva el número total de desempleados a 3.400 personas, lo que representaría un alarmante aumento del 41,6% desde el cierre de 2024.
El sindicato pone el foco en otro indicador clave: la disminución de la población activa en 300 personas durante el último año. Lejos de ser un signo positivo, esta tendencia evidencia, según UGT, "una dinámica de expulsión de trabajadores del mercado laboral". Esta situación se debe a la falta de oportunidades, que obliga a muchas personas a abandonar la búsqueda de empleo o, directamente, a marcharse de la provincia.
Ante este diagnóstico, ambas centrales sindicales han planteado una serie de medidas y exigencias dirigidas a las administraciones y empresas para revertir la situación.
Desde la Unión General de Trabajadores reclaman un "compromiso firme" y proponen una hoja de ruta con acciones concretas y de aplicación inmediata. Sus principales propuestas son:
Comisiones Obreras, por su parte, centra su reivindicación en la necesidad de mejorar la protección de los trabajadores. Aunque reconocen que la Reforma Laboral ha generado estabilidad, denuncian que los bajos salarios dificultan el acceso a la vivienda y que existe una carencia en la protección frente a los despidos.
Por ello, desde CCOO exigen el aumento de las indemnizaciones por despidos como medida disuasoria. Fundamentan su petición en la declaración del Comité Europeo de Derechos Sociales, que ha considerado que la legislación española actual infringe la Carta Social Europea. En consecuencia, reclaman al Gobierno que reforme la legislación laboral frente a los despidos injustos para adecuarla a la normativa comunitaria.
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