La nueva Ley de Publicidad Institucional pone en riesgo la supervivencia de medios en Castilla y León, según el Colegio de Periodistas

El Colegio Profesional de Periodistas de Castilla y León ha instado a una modificación de la nueva Ley 1/2025 de Publicidad Institucional de la comunidad. Esta petición surge tras conocerse un dictamen del Consejo Consultivo que pone en tela de juicio varios aspectos fundamentales de la normativa, validando las advertencias que el propio colegio había realizado previamente a los grupos parlamentarios.

Según ha comunicado la organización colegial, el informe remitido a la Consejería de Presidencia señala serios problemas legales en el texto aprobado, que van desde una posible invasión de competencias estatales hasta la vulneración de principios como la igualdad y la libre concurrencia. Esta situación genera un marco de inseguridad jurídica que, según advierten, podría afectar gravemente a la viabilidad de numerosos medios de comunicación.

El Colegio recuerda que ya solicitó a los grupos de las Cortes alcanzar un consenso para mejorar el articulado antes de su votación, una petición que fue desatendida. Ahora, con el respaldo del dictamen, la entidad profesional retomará los contactos para buscar una solución que garantice la pluralidad informativa en Castilla y León.

Puntos clave cuestionados por el Consejo Consultivo

El dictamen del Consejo Consultivo es contundente al señalar varios artículos de la ley que podrían ser contrarios a derecho. Según detalla el Colegio de Periodistas, los principales problemas detectados son los siguientes:

• Vetos en la contratación: La ley introduce prohibiciones de contratación con medios condenados por sentencia firme. El informe advierte que esta medida excede las competencias autonómicas, ya que no puede ampliar las prohibiciones establecidas por la legislación estatal, lo que podría desembocar en su nulidad jurídica.
• Límite de facturación: Se establece un límite del 33% de la facturación anual como máximo que un medio puede recibir por publicidad institucional. El Consultivo considera este procedimiento arbitrario y sin respaldo en la legislación básica del Estado, atentando contra la libre concurrencia.
• Vulneración de principios: La mencionada restricción del 33% también vulnera, según el informe, el principio de igualdad y la prohibición de discriminación entre los medios.
• Subrogación de trabajadores: El texto también señala una invasión de competencias exclusivas del Estado en lo relativo a la subrogación de trabajadores vinculados a las concesiones de la televisión autonómica.

Una aplicación obligatoria a pesar de los riesgos

Una de las paradojas que destaca el informe del Consejo Consultivo es que, a pesar de los graves riesgos legales advertidos, la Junta de Castilla y León está obligada a aplicar la ley en sus términos actuales. En su resolución, el órgano consultivo indica que deberán ser las propias empresas periodísticas afectadas las que recurran ante los tribunales aquellos puntos que consideren contrarios a derecho.

Ante este escenario de incertidumbre, el Colegio Profesional de Periodistas de Castilla y León ha anunciado que se reunirá con la Dirección de Comunicación de la Junta para conocer en detalle cómo se planea implementar la normativa. Asimismo, retomará el contacto con los grupos parlamentarios de las Cortes para solicitarles que trabajen en la búsqueda de un consenso que permita las modificaciones legales necesarias para acabar con la inseguridad que ha provocado la norma, la cual amenaza con el cierre de muchos medios de comunicación y, por ende, con la pluralidad informativa en la región.