El PP reta al Gobierno a llevar a los tribunales el centro de refugiados de Soria

El senador soriano Javier Jiménez Santamaría, ha mostrado el rechazo de su partido a la argumentación del Gobierno para justificar la apertura del Centro de Acogida a la Protección Internacional (CAPI) en Soria por encima de los límites de plazas establecidos por la Junta de Castilla y León. El parlamentario se centra en la invalidez que, a su juicio, tiene el informe de la Abogacía del Estado esgrimido por el Ejecutivo, al que califica de "partidista", y exige que el conflicto de competencias se dirima en los tribunales y no mediante una "imposición".

Desafío a la vía judicial

Jiménez ha instado al Gobierno a que, si considera que la competencia estatal prevalece sobre la normativa regional, acuda a la justicia en lugar de basarse en un informe no público. Considera que el informe es una herramienta política para eludir la ley regional.

"Si el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social e Inmigraciones cree que la normativa autonómica que limita el número de plazas no afecta al CAPI de Soria y que es competencia del Estado que recurran a la justicia y no un supuesto informe de la Abogacía del Estado que solo deben conocer los socialistas.

Falta de diálogo

Así mismo, ha deununciado la falta de diálogo con la población local, por lo que ha reclamado que se pregunte a los ciudadanos de Soria y, específicamente a los que moran esta zona, sobre la instalación del centro. "Si quieren imponer el Centro de Refugiados, que pregunten a los sorianos y a los vecinos de los Royales y no a un informe partidista".

Junto a ello, ha calificado el informe de la Abogacía del Estado como una consulta "deliberada" y "dirigida por una sucursal sanchista", cuyo único fin es dar una apariencia de legalidad a una decisión ya tomada. Una información dada que "en cualquier caso, es partidista y deliberada para a dotar de legalidad a la imposición de crear un centro sin ningún tipo de garantías".

Condiciones y normativa regional

Del mismo modo ha supeditado la aceptación del centro al cumplimiento de tres condiciones: la definición de un plan de inserción social y laboral para los acogidos, el ajuste a la normativa de la Junta y que se exijan las mismas obligaciones en materia migratoria a Cataluña y el País Vasco.

Esgrimiendo argumentos, ha indicado aquí que la orden de la Consejería de Familia de la Junta de Castilla y León, publicada el 7 de noviembre de 2024 (Orden Fam/1160/2024) detalla que el número de plazas a los centros de acogida de protección internacional es de 120 para las poblaciones de más de 20.000 habitantes, 72 para los ubicados en localidades de entre 10.000 y 20.000, y 60 para los municipios de menos de 10.000 habitantes. "Soria podrá acoger a 120 menores, y no a 203 como tiene proyectado el Gobierno", ha recalcado Jiménez.

"El Partido Popular no aceptará la apertura del centro de refugiados en Soria hasta que el Gobierno defina y establezca un plan real para la inserción social y laboral de los menores", ha avanzado, acusando al PSOE de actuar movido por intereses electorales y no por una gestión eficaz de la inmigración, contraponiendo las "populistas políticas migratorias" del Gobierno con la obligación de la formación de Feijóo de velar por la seguridad de todos los ciudadanos.

"Ellos solo se preocupan por los réditos electorales que les pueden dar sus populistas políticas migratorias y el Partido Popular tiene la obligación de velar por los derechos y la seguridad de los menores acogidos y también de la seguridad de nuestros ciudadanos", ha concluido.