La Junta de Castilla y León resolvió de forma favorable el 75% de las solicitudes de transparencia en 2024

Según los datos de la memoria anual de 2024 del Comisionado de la Transparencia, la administración autonómica resuelve de forma favorable el 75% de las solicitudes de información pública que recibe de los ciudadanos. Este informe se da a conocer en vísperas del Día Internacional del Acceso Universal a la Información, que se celebra cada 28 de septiembre.

El próximo 28 de septiembre, la UNESCO conmemora el Día Internacional del Acceso Universal a la Información, una fecha que subraya el derecho fundamental de los ciudadanos a solicitar y recibir datos de las administraciones públicas. Este principio es considerado un pilar para la rendición de cuentas, la confianza en las instituciones y la participación ciudadana en la gestión pública.

En este contexto, la Junta de Castilla y León ha hecho públicos los resultados de su gestión, basándose en el análisis realizado por el Comisionado de la Transparencia, una instancia independiente adscrita a las Cortes de Castilla y León. La memoria, publicada el pasado mes de agosto, detalla cómo los ciudadanos ejercen este derecho y la respuesta que obtienen por parte de las distintas administraciones de la comunidad.

Desde el gobierno autonómico se destaca la importancia de atender estas peticiones con rigor. El consejero de la Presidencia, Luis Miguel González Gago, ha afirmado que “facilitar esta información fortalece la confianza en las instituciones y promueve una gestión más abierta, responsable y alineada con las demandas ciudadanas”.

¿Cuántas solicitudes recibe la Junta y cómo las resuelve?

Según recoge el informe del Comisionado, la Junta de Castilla y León recibió 590 solicitudes de acceso a la información pública durante el año 2024. Este derecho, amparado por la Ley autonómica de Transparencia y Participación Ciudadana, es gestionado de forma transversal por la Dirección General de Transparencia y Buen Gobierno, que coordina la respuesta de las diez consejerías.

El balance de la tramitación de estas peticiones muestra un alto porcentaje de resolución positiva. De las 590 solicitudes totales, la distribución fue la siguiente:

• 443 solicitudes (75%): Fueron resueltas de forma estimatoria, proporcionando al interesado toda la información disponible.
• 4 solicitudes (0,6%): Se desestimaron de acuerdo con la legislación vigente en materia de protección de datos.
• 58 solicitudes: Resultaron inadmitidas por diversas razones, como solicitar información que no es de carácter público o requerir una reelaboración de datos que generaría documentos no originales.
• 85 solicitudes restantes: Fueron derivadas a otras administraciones, reconducidas a otros procedimientos o finalizaron con el desistimiento del solicitante.

Una tendencia a la baja en las peticiones

Un dato significativo que arroja la memoria es la reducción del número de solicitudes por segundo año consecutivo. La cifra ha descendido desde las 832 peticiones registradas en 2022 y las 728 de 2023 hasta las 590 del pasado ejercicio.

Desde la Consejería de la Presidencia atribuyen este descenso a dos factores principales. Por un lado, el incremento continuo de los contenidos publicados en los portales de Gobierno Abierto, Transparencia y Datos Abiertos, que permiten a los ciudadanos acceder a la información directamente. Por otro, una gestión más eficaz de las solicitudes gracias a la formación de los empleados públicos, especialmente en las Delegaciones Territoriales, para identificar y derivar correctamente cada petición.

Comparativa con otras administraciones y reclamaciones

El informe del Comisionado también permite comparar la actividad de la Junta con la de otras administraciones de la comunidad. Durante 2024, las diputaciones provinciales recibieron 257 solicitudes, mientras que los ayuntamientos gestionaron un total de 1.338.

En cuanto a las reclamaciones presentadas por los ciudadanos ante el Comisionado cuando no están conformes con la respuesta, la Administración General de Castilla y León concentra menos de un tercio del total. De las 546 reclamaciones registradas, 154 se dirigieron contra la Junta (un 28%). De estas, solo 27 fueron estimadas totalmente por el Comisionado.

En contraste, las entidades locales acumularon 350 reclamaciones, lo que representa el 64% del total. En este caso, 147 de ellas fueron estimadas en su totalidad. Estos datos, según ha resaltado González Gago, “nos permiten seguir mejorando el acceso a la información pública, ajustando nuestros procedimientos y reforzando la formación del personal para responder con eficacia”.