Castilla y León y otras 11 autonomías exigen al Gobierno negociar el nuevo Plan de Vivienda

La Junta de Castilla y León se suma a un frente de doce gobiernos autonómicos que acusan al Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana de actuar con unilateralidad en la configuración del próximo Plan Estatal de Vivienda. Durante la Conferencia Sectorial celebrada este jueves, el consejero Juan Carlos Suárez-Quiñones ha manifestado el malestar de la comunidad por haber sido obviada en un proceso que afecta directamente a sus competencias y financiación.

El conflicto surge a raíz de la presentación de un borrador del plan para el periodo 2026-2029 que, según denuncian, no ha contado con la participación ni el consenso de las regiones. Estas administraciones, responsables finales de la ejecución y cofinanciación de las políticas de vivienda, reclaman un verdadero proceso de diálogo y respeto institucional para diseñar una estrategia eficaz que beneficie a los ciudadanos.

La postura de Castilla y León se ha formalizado en una declaración conjunta que critica duramente la metodología seguida por el Ejecutivo central. El documento subraya que la vivienda es un derecho esencial y una prioridad, por lo que las políticas en esta materia deben basarse en la colaboración leal entre administraciones.

Un frente común contra la "falta de lealtad institucional"

En una acción coordinada, los gobiernos de Castilla y León, Galicia, Cantabria, La Rioja, Aragón, Madrid, Comunidad Valenciana, Extremadura, Andalucía, Murcia, Islas Baleares, y las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla, han suscrito una declaración conjunta. En ella, denuncian la "falta de lealtad institucional y la actitud unilateral" del Ministerio de Vivienda en la elaboración del borrador del nuevo plan.

Los firmantes, que representan al 70 % de la población y el territorio de España, recuerdan que históricamente los Planes Estatales de Vivienda se han configurado desde el consenso y la cooperación. Sin embargo, critican que el borrador actual se haya presentado apenas unos días antes de la Conferencia Sectorial, sin un trabajo técnico previo ni cauces de participación reales.

Principales críticas al borrador del Ministerio

El malestar de las comunidades autónomas se fundamenta en varios puntos clave que, según afirman, rompen con la tradición de diálogo en esta materia. Las principales quejas expuestas en la declaración son las siguientes:

• Falta de negociación previa: El borrador afecta directamente a las competencias y presupuestos autonómicos sin haber sido negociado con anterioridad.
• Presentación tardía: El documento se dio a conocer pocos días antes de la Conferencia, impidiendo un análisis técnico profundo y conjunto.
• Carácter definitivo impuesto: Se reprocha al Ministerio haber presentado públicamente el plan como definitivo, relegando a las autonomías a un mero papel de "alegantes" al final del proceso.
• Ignorancia del rol autonómico: Se ignora que las comunidades son las responsables de ejecutar y cofinanciar las medidas de vivienda sobre el terreno.

Petición de diálogo y respeto competencial

Ante esta situación, la Junta de Castilla y León y el resto de gobiernos firmantes reclaman al Ejecutivo central que rectifique y abra un verdadero proceso de negociación. La petición incluye la creación de sesiones técnicas y grupos de trabajo para alcanzar acuerdos eficaces y útiles para los ciudadanos. Exigen, además, que se respete el reparto competencial establecido en la Constitución.

Desde la Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio se reitera la disposición a trabajar en una política de vivienda basada en la colaboración, la eficacia y la búsqueda de soluciones reales para las familias, los jóvenes y los colectivos más vulnerables, líneas en las que, según afirman, ya trabaja la Junta de Castilla y León.