El retraso en los fondos de FP pone en riesgo la empleabilidad de los trabajadores en Castilla y León, según la Junta

La Junta de Castilla y León ha criticado duramente al Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes por el notable retraso en la distribución de los fondos para la formación profesional de trabajadores correspondientes a 2025. La consejera de Industria, Comercio y Empleo, Leticia García, ha denunciado que el reparto, realizado este 15 de octubre, compromete la correcta ejecución de los programas formativos.

La queja se ha producido durante la Conferencia Sectorial de Formación Profesional para Personas Trabajadoras, celebrada hoy con el objetivo de acordar la distribución territorial de dichos fondos. García ha manifestado su malestar por unos plazos que, según la normativa, obligarían a comprometer los créditos antes de que finalice el presente año, lo que considera un serio obstáculo.

El principal punto de fricción es el calendario. La consejera ha exigido al Ministerio el cumplimiento de la Ley General Presupuestaria para garantizar que, en futuros ejercicios, el reparto de créditos se realice en el primer trimestre del año. Esto, según ha explicado, daría a las comunidades autónomas el tiempo necesario para planificar y gestionar adecuadamente las iniciativas de formación.

Aunque Castilla y León asegura estar en condiciones de cumplir con los ajustados plazos, la presión ejercida por la mayoría de las comunidades autónomas ha logrado una prórroga excepcional. Esta medida permitirá extender el compromiso de los créditos hasta el 30 de junio de 2026. Por su parte, la secretaria general de Formación Profesional se ha comprometido a mejorar las fechas para el reparto de fondos de cara al año 2026.

Además del retraso, la consejera ha lamentado que la conferencia sectorial se haya celebrado nuevamente sin la presencia de la ministra. García también ha criticado la falta de respeto a los procedimientos, acusando al Ministerio de pretender cambiar las reglas del reparto de fondos sin las consultas y los informes previos necesarios.

Desde la Junta de Castilla y León se ha reiterado, una vez más, la necesidad de dotar de mayor flexibilidad a la ejecución de los fondos. La consejera insiste en que solo adaptando la formación a lo que busca el tejido productivo es posible dotar a las personas de los perfiles adecuados y reducir el desajuste del mercado laboral.

Según la Junta, la única respuesta obtenida a esta demanda ha sido el compromiso de seguir trabajando, pero sin una planificación inmediata. En consecuencia, consideran que la gestión del Ministerio pone sistemáticamente en peligro la empleabilidad de los trabajadores de Castilla y León por la gestión tardía de los fondos y la falta de voluntad para adaptar los programas a las necesidades reales.